Las aulas esperan

EDUCACIÓN. Son numerosos los documentos académicos que indican que la ausencia de educación presencial es perjudicial para los estudiantes de todo nivel, pero en especial para los escolares. No se trata solamente de que el aprendizaje a distancia presenta limitaciones en el ámbito educativo –con costos económicos a largo plazo–, sino también de aspectos como la sociabilización, que es imposible impulsar a través de la pantalla de una PC o tablet. Muchos países ya han abierto sus colegios, total o parcialmente, y en el Perú crece el número de quienes lo piden, liderados por grupos de padres de familia urbanos.

Sin embargo, la realidad de nuestro país es muy diferente y el regreso a las aulas tendrá que hacerse de acuerdo con particularidades como, por ejemplo, la ubicación geográfica. En la zona rural, menos vulnerable a la propagación del virus, más de 2,400 colegios ya ofrecen clases presenciales. Pero en las grandes ciudades, donde el caótico transporte público es un foco móvil de contagio, habría que fijar claros protocolos sanitarios, como uso de mascarilla y vacunación del personal docente y de apoyo, así como asegurar condiciones higiénicas adecuadas (la disponibilidad de agua y jabón será esencial).

El desafío para el ministro de Educación, Juan Cadillo, y su equipo para que la reapertura de colegios no resulte en una ola de contagios de niños y adolescentes es que se necesitará coordinar con otros ministerios, como el MTC (cuyo titular carece de experiencia), aparte de municipios y gobiernos regionales (la mayoría ha demostrado incompetencia en el manejo de la pandemia). La participación de la Contraloría también será clave. Aunque parece una tarea titánica, es perentorio que estas entidades aprendan a trabajar en conjunto. Se podría comenzar con programas piloto, como el que ha propuesto al Minedu el colectivo “Volvamos a clase”.

El sistema educativo nacional fue declarado en emergencia el 19 de agosto, tanto para el presente semestre como para la primera mitad del 2022, y el Minedu se ha fijado un plazo de 20 días hábiles para preparar un plan de emergencia que se aplicará en dichos periodos lectivos. Las seis líneas de acción que contempla son bastante generales, así que por ahora es imposible anticipar qué incluirán. Existe el temor a que, poniendo como pretexto la emergencia del sector, se intente socavar la reforma de la educación escolar, dejando de lado la meritocracia docente y reformulando el currículo para que sea del gusto ideológico del Gobierno. Habrá que estar vigilantes.