Editorial de Gestión. Es claro que la decisión del TC representa un respiro para el gobierno de Pedro Castillo. (GEC)
Editorial de Gestión. Es claro que la decisión del TC representa un respiro para el gobierno de Pedro Castillo. (GEC)

CASO FUJIMORI. En un fallo, cuyo tenor aún se desconoce, el Tribunal Constitucional (TC) aceptó el hábeas corpus que buscaba anular la decisión del Poder Judicial que dejó sin efecto el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Y aunque nada está dicho, pues el tema será visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cierto es que esta decisión ya genera efectos en la política nacional, como era de esperarse.

Es claro que la decisión del TC puede representar en parte un respiro para el gobierno de Pedro Castillo, pues los ojos de cierta oposición y de la ciudadanía no estarán centrados en su labor y la de su gabinete, sino en el indulto.

Por ejemplo, si hasta el jueves la labor de los ministros y la interpelación a varios de ellos–como los ministros de Salud y de Justicia– era un tema recurrente, luego del indulto esto ha pasado a segundo plano, al punto que la renuncia del ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, y el nombramiento de Félix Chero Medina, no han generado las reacciones esperadas inicialmente, aunque en el Congreso lo planean convocar.

Lo mismo sucede en el caso de la moción de vacancia presidencial, la cual puede perder peso, tal como adelantamos la semana pasada. Hasta el jueves las agrupaciones, incluso las afines al Gobierno, tenían mayor expectativa en la presentación del mandatario ante el Congreso el próximo lunes. Ahora, lamentablemente, las declaraciones de los políticos se han volcado en buena parte al tema Fujimori, polarizando nuevamente al país y poniendo en juego las siempre débiles alianza generadas entre los partidos contrarios al Gobierno, pues no todos están a favor del indulto, lo que reduce, aún más, las escasas posibilidades de dicha moción.

Sin duda, el fallo del Tribunal Constitucional no es poca cosa y amerita una revisión urgente por la CIDH, pero el país vive situaciones más preocupantes –el caso de Petroperú, la reciente rebaja en el grado de inversión por parte de Standard & Poor’s, el alza en el precio de combustibles, los planteamientos laborales del Gobierno, los cambios en materia de tercerización, entre varios otros–, por lo que las fuerzas políticas representadas en el Congreso no deberían perder la brújula y recordar que los peruanos necesitan que el país se enfoque en lograr un mayor crecimiento, el cual pasa por apostar a una mayor inversión pública y privada, pues solo así se generará el empleo que requieren para hacerle frente a sus necesidades. Eso no significa que no prosigan los caminos legales en las instancias internacionales por el indulto otorgado.

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