Incentivando la informalidad

TIERRAS. Una vez más, el Congreso promulgó una ley en favor de la ocupación ilegal de terrenos porque el Ejecutivo no se tomó el tiempo para observarla. Ya había ocurrido en febrero del 2018, con Luis Galarreta al frente del Legislativo –Pedro Pablo Kuczynski era presidente y Carlos Bruce, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento–. La semana pasada, los protagonistas fueron Manuel Merino, Martín Vizcarra y Carlos Lozada, respectivamente. El lunes pasado, fecha en que vencía el plazo para que la observe o la promulgue, el mandatario dijo que el MVCS trabajaba en una “contrapropuesta”.

“(…) Hay que evitar esa norma… abre la puerta (al tráfico de tierras). Eso sí, de ninguna manera”, afirmó. Pero terminó el día y Vizcarra no observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso (el 14 de setiembre), de modo que Merino lo promulgó. La flamante Ley 31056 amplía el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos hasta el 31 de diciembre del 2026, el cual beneficiará a quienes invadieron terrenos hasta el 31 de diciembre del 2015.

Dado que se trata de ocupaciones informales, podría ser muy difícil determinar con precisión cuándo ocurrieron las invasiones, sobre todo en terrenos del Estado. Es decir, ¿qué herramientas se aplicarán para saber la antigüedad de una invasión? Lo que sí está claro es que se trata de otra de las tantas leyes populistas que el actual Congreso ha estado aprobando, y parece que el Ejecutivo, en este caso, también actuó (mejor dicho, no actuó) en respuesta al cálculo político.

Como sucede con las recientes leyes populistas, la Ley 31056 presenta imprecisiones. Por ejemplo, incluye a quienes invadieron terrenos a raíz de El Niño costero, que ocurrió el 2017. ¿Se adjudicarán lotes ubicados en zonas de riesgo, vulnerables ante huaicos e inundaciones? También autoriza la expropiación de tierras privadas y de comunidades campesinas costeñas, lo que significa que los contribuyentes tendrán que financiar esos procesos. ¿Y si alguna comunidad se negase a entregar sus tierras?

Y no podían faltar las disposiciones poco probables, como la dotación de servicios básicos de agua, alcantarillado, electrificación y gas en los lotes formalizados. Es cierto que se trata de un problema social, pero no se resolverá violentando el derecho de propiedad. Aparte que este tipo de “formalización” incentiva el tráfico de terrenos, una de las actividades más rentables del crimen organizado. Lo único que se ha hecho es patear el problema.