Hablemos de legados

AGRO. Sabedor de la importancia del electorado rural, el ahora presidente Pedro Castillo inició su campaña de la segunda vuelta ofreciendo mayor presupuesto para los agricultores. Pero se aseguró más votos con la promesa de una “segunda reforma agraria”, cuyos lineamientos incluyó en el plan de gobierno de Perú Libre (PL), que reemplazó al radical e incongruente “ideario” de Vladimir Cerrón. Sin embargo, algunos puntos de ese documento no fueron descartados sino solamente matizados.

Por ejemplo, Cerrón planteaba “recuperar tierras agrícolas de proyectos de irrigación” que fueron concesionadas, mientras que el plan de Castillo proponía “revisar el acaparamiento y monopolio de tierras, y promover la reserva de tierras para pequeña y mediana agricultura”. En PL –y en la izquierda en general– prima un concepto equivocado en algunos casos y en otros confusos sobre monopolio.

Ya en el Gobierno, el presidente Castillo ha dejado que sea el titular del Midagri, Víctor Maita (del Frente Amplio), quien explique en qué consistirá esa “segunda reforma agraria”. El concepto aún sigue siendo vago y no se habla de expropiar tierras, sino de priorizar el desarrollo de la agricultura familiar y comunitaria. Ha anunciado medidas para “movilizar, organizar y capacitar al campesino”, así como impulsar la industrialización del agro, convertir en proveedores del Estado a los “hombres de campo” (¿y las mujeres?) y promover la asociatividad enfocada en el cooperativismo, que es “un legado de la primera reforma agraria”.

Si esos son los objetivos principales, entonces el Midagri tiene parte del camino trazado, pues el Congreso anterior aprobó algunos proyectos de ley –muchas veces los promulgó porque el Ejecutivo no lo hizo dentro del plazo u observó las autógrafas– que incluyen compras estatales a la agricultura familiar, promueven mercados de productores y crean una plataforma digital de comercialización, entre otras medidas para que la agricultura familiar se inserte en la economía de mercado, de modo que el reto es implementar lo que ya está en el papel.

Con respecto a las cooperativas, ese mismo Congreso incorporó al sector agrario bajo esa modalidad en los beneficios tributarios. En todo caso, el marco actual debe ser diferente al “legado” de la reforma agraria, que fracasó -entre otros motivos- porque no se enfocó en aspectos como la capacitación y definición de responsabilidades y derechos de propiedad. Pero hay un obstáculo que aún persiste: el ineficiente acceso a información de mercados. El Midagri cuenta con una base de datos amplia, pero no ha sabido transmitirla a los usuarios. Habría que empezar por revisar ese problema.