Gestionar el caos

TRANSPORTE. El final de la cuarentena –con la excepción de siete departamentos– y la tercera fase de reapertura económica hicieron que también retornase el caos en el transporte urbano, tanto en Lima como en el interior del país. Volvieron las aglomeraciones en los paraderos, las combis, taxis-colectivos y los embotellamientos. Con ello, se elevó el riesgo de contagios del covid-19, cuya magnitud se conocerá los próximos días, si nos guiamos por lo ocurrido con las dos fases previas de reapertura.

Era ilusorio pensar que la pandemia iba a provocar un cambio, en especial porque en el Ejecutivo han optado por la estrategia de “prueba y error”, en tanto que en el Congreso se legisla en base a supuestos “clamores populares” –como la eliminación de peajes y la formalización de taxis-colectivos–. Las medidas de contención del virus, como el distanciamiento y la prohibición de viajar parados, crearon un nuevo problema, pues afectaban la economía de quienes prestan el servicio. Nos referimos a los formales, pues los otros operan sin ningún control.

El Decreto de Urgencia 079-2020 es un intento de aliviar dicha situación, ya que establece un subsidio para el transporte urbano en Lima Metropolitana y 26 provincias (S/ 78.3 millones y S/ 38.3 millones, respectivamente), pero contiene disposiciones que con el tiempo se convertirán en errores. Para empezar, fue promulgado después de levantada la cuarentena y tras un paro de transportistas que generó focos de contagio adicionales.

Además, excluye los servicios concesionados, como el Metropolitano y los corredores viales, los que paradójicamente han venido cumpliendo estrictamente las medidas de bioseguridad. Ello generó las críticas del alcalde Jorge Muñoz, cuyas relaciones con la presidenta de la ATU, María Jara, no han sido muy buenas. Esta entidad es la encargada de aplicar el DU en la capital y de velar por su cumplimiento, para lo cual ha recibido S/ 3.25 millones.

En el interior, ese encargo recae en los 26 municipios provinciales respectivos. Dada la experiencia reciente –como el caso de las canastas de víveres–, habría que esperar que la Contraloría esté muy atenta. Por el lado de la ATU y las alcaldías, es necesario ser muy estrictos en la aplicación del DU, y si no es respetado, retirar el subsidio. De parte del Gobierno, urge que haga una campaña para promover la aplicación de horarios escalonados en los sectores público y privado, redoblar la vigilancia en paraderos congestionados y repensar el uso obligatorio de protectores faciales, que se anunció, pero luego se dio marcha atrás.