INFRAESTRUCTURA. Se ha hecho costumbre en los sucesivos gobiernos anunciar grandes proyectos de infraestructura, apelando a la mala memoria del público, porque por regla general se trata de los mismos –pero con montos más elevados–. Si son obras ya conocidas porque llevan años en agenda o su avance es lento, el mensaje es que se “destrabarán”. Y si ya están operativas, pero perjudican a grupos de interés, se informa que las concesiones serán “revisadas”.
El Gobierno actual no ha tardado mucho en entender esa fórmula y ya está repitiendo los anuncios de rigor. Por ejemplo, el proyecto de masificación del gas natural “Siete Regiones” no concitó el interés de ningún postor privado en las licitaciones que se hicieron, de modo que será ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, aunque se desconoce el esquema bajo el cual se hará.
En cuanto a la revisión, se hará en los 16 contratos de concesión vial y correrá por cuenta del MTC, en coordinación con el MEF, según anunció en el Congreso la viceministra de Transportes, Verónica Cáceres, cuando se le consultó sobre el “cobro abusivo” de los peajes. No hay nada más impopular para los transportistas que tener que pagar por usar las carreteras del país. La funcionaria dijo que ya se reunieron con los gremios del sector, pero se ha obviado a AFIN, que agrupa a las empresas concesionarias.
También se ha hablado de 52 proyectos que serán reactivados (o sea, destrabados), cantidad que sería ínfima, pues según la Contraloría, a junio de este año existían 3,055 obras paralizadas por S/ 29,900 millones, de las cuales el 86% está en gobiernos regionales y locales (S/ 24,000 millones). La entidad ha advertido, con acierto, que la ejecución de la inversión pública se encuentra muy debilitada debido a que se enfatiza la ejecución presupuestal, dejando de lado factores como la ejecución física, la calidad y la oportunidad de las inversiones, lo que se refleja en que el dinero se gasta, pero no se asegura la conclusión de las obras.
Un caso alarmante es la Refinería de Talara, donde la Contraloría ha detectado todo un compendio de errores que se ha traducido en un perjuicio de S/ 1,115 millones. Y aunque recién está en fase preparatoria, la nueva Carretera Central ya enfrenta su primer retraso. Si los proyectos son mal diseñados y, lo que es peor, se elige mal dónde y cómo destinar recursos del Estado, no habrá fórmula que lo resista.