Editorial de Gestión. No se precisa cómo se asegurará de que el subsidio sea utilizado para la compra de abonos y no para otros fines.
Editorial de Gestión. No se precisa cómo se asegurará de que el subsidio sea utilizado para la compra de abonos y no para otros fines.

SUBSIDIO. El Gobierno habría concebido la entrega a agricultores de un bono para la compra de fertilizantes como complemento a la adquisición de urea –ese largo e infructuoso proceso que incluyó tres convocatorias–. El Fertiabono figura en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026 presentado por el MEF el pasado 25 de agosto, por un monto de S/ 144 millones para apoyar a 132,000 agricultores, aunque el anuncio lo hizo el 10 de agosto el entonces titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre.

Pero debido a que el proceso de compra de urea no llegó ni a la etapa de firma del contrato –fue una de las muestras más clamorosas de la impericia del Gobierno de Pedro Castillo–, se comenzó a promocionar el Fertiabono como la solución única y exclusiva para paliar la escasez de fertilizantes que aqueja sobre todo a la pequeña agricultura. La norma que crea este programa (Decreto de Urgencia 022-2022) fue promulgada el 2 de setiembre, un mes después del inicio de la campaña de siembras 2022-2023, y elevó el monto del subsidio a S/ 481.9 millones. Es decir, más del triple del que figura en el MMM y también superior al que se autorizó para la fallida compra de urea.

Dado que el DU en cuestión no oficializa ningún nombre, algunos llaman al programa Fertiabono y otros, Fertiabono –hasta en esos detalles, que son relevantes, la desprolijidad del Gobierno se hace presente–. Pero la confusión va más allá de cómo referirse al bono, que en el papel parece estar adecuadamente focalizado: agricultores con hasta 10 hectáreas de tierras. Por ejemplo, no se precisa cómo la entidad encargada de la distribución del dinero (el Fondo AgroPerú) se asegurará de que el subsidio sea efectivamente utilizado para la compra de abonos y no para otros fines.

Asimismo, el DU dispone el empadronamiento de los potenciales beneficiarios, como si en el país no existiesen registros de agricultores –se pudo haber utilizado padrones de juntas de usuarios o comisiones de regantes–. Tampoco se ha tomado en cuenta que no todos los cultivos utilizan la misma cantidad de fertilizantes (el dinero se repartirá de acuerdo con el hectareaje), ni mucho menos cómo se asistirá a los agricultores que ya sembraron y se tuvieron que endeudar para comprar dicho insumo. Especialistas en el tema advierten que el programa será un fracaso, aunque no se necesita ser experto para preverlo si es que se ha prestado atención al deterioro de la administración pública que Castillo ha permitido en sus pocos meses como jefe de Estado.

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