CONGRESO. En el último año, casi semanalmente, desde estas líneas advertimos sobre los errores del Parlamento, que intentando favorecer a la población lo único que logra es aprobar iniciativas que terminan perjudicándola, en el corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo, pues le generan un alto costo al Estado que finalmente terminan pagando todos los contribuyentes.
Ahora el Gobierno ha decidido acudir nuevamente al Tribunal Constitucional para plantear dos nuevas acciones de inconstitucionalidad frente a leyes aprobadas por insistencia. La primera es la norma de negociación colectiva, que según cálculos del MEF, puede generar un costo adicional de hasta S/ 6,228 millones anuales. Eso debido a que los laudos arbitrales entre sindicatos y entidades públicas usualmente terminan con un fallo a favor de los trabajadores y le cuestan al Estado bastante dinero. Más aún cuando ahora no se fijan límites.
La segunda demanda es contra la ley de devolución de aportes al Fonavi. Es importante recordar que el Estado, hace unos años, ya procedió a realizar dichas devoluciones, a pesar de lo cual el Congreso insiste en una nueva devolución que costaría 50 veces el PBI de China; es decir, S/ 3,835 billones.
La importancia de la separación de poderes es que cada uno entienda la labor encomendada y no pase los límites que establecen la ley y la Constitución. El artículo 79 de la Carta Magna dice claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y a pesar de ello desde el Parlamento siempre se aprueba alguna norma que le cuesta millones al país.
Pero no solo a través de iniciativas que generan gastos el Parlamento realiza una labor cuestionable. Ahora, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un predictamen para ampliar el periodo de sesiones y establecer una cuarta legislatura entre el 1 de junio y el 16 de julio, ello con la intención de aprobar reformas constitucionales, como el establecimiento de la bicameralidad y la modificación de la cuestión de confianza.
Nadie niega la importancia y la necesidad de ambos temas. Sin embargo, que el Congreso busque acelerar esta aprobación sin darle un mayor espacio de debate genera desconfianza en la ciudadanía, lo que aumenta el desprestigio del recinto de la Plaza Bolívar.
Finalmente, sorprende que ninguno de los candidatos que aspiran a la Presidencia dé su opinión sobre temas que sin duda afectarán al próximo Gobierno. La falta de equipo técnico le juega en contra a Pedro Castillo, pues no puede analizar a profundidad aspectos claves. Por su parte, Keiko Fujimori parece evitar hablar de temas que le generen controversias. Sin embargo, quieran o no, uno de los dos tendrá que resolver estos problemas.