Combate al populismo laboral

FALLO DEL TC. En una actitud populista, el Congreso anterior aprobó una ley para derogar la figura del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) e incorporar automáticamente a todos los que están bajo dicho tipo de contratación a los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728. Antes de culminar sus funciones, el gobierno de Sagasti planteó una demanda de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional acaba de resolver declarando fundada en parte la demanda.

Así, el TC ha considerado inconstitucionales cuatro de los cinco artículos que contenía la ley, pero lo más importante son las razones para este fallo. Nuevamente los magistrados les han recordado a los legisladores que los congresistas están prohibidos de crear o aumentar gasto público, que es competencia del Poder Ejecutivo administrar la hacienda pública y que no deben afectar el principio de equilibrio presupuestal.

Pero por si las razones económicas no eran suficientes, el TC recuerda que la ley aprobada por el Congreso sacrifica la meritocracia, un principio básico de la función pública y este es el argumento sobre el que todas las instancias del Estado deben poner las luces.

Nadie puede negar que la contratación vía CAS no es la más adecuada, lo ideal es que todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, cuenten con todos sus derechos laborales. Sin embargo, el Estado desde hace varios años adolece de un serio problema de capacidad y meritocracia, salvo algunas islas. Lo correcto es que las convocatorias para cubrir los puestos en el Estado sean del más alto estándar y realmente públicas para que postulen los mejores candidatos de todo el país, lo que generalmente no ocurre en todos los casos de las convocatorias a CAS.

Si el Gobierno quiere solucionar realmente el problema de los trabajadores del Estado debería impulsar el servicio civil, una institución como Servir requiere un nuevo impulso y, siguiendo el ejemplo de instituciones como el BCR, la SBS o la Sunat, todas las instancias del Estado deben convocar y capacitar para que los más preparados integren sus filas. Nada impedirá que quienes hoy ocupen un puesto CAS postulen a estas nuevas convocatorias –como ha venido ocurriendo desde hace varios años– y así asegurar que los mejores profesionales sigan en el Estado.