BUROCRACIA. Durante un corto tiempo, al inicio de la pandemia, los científicos peruanos recibieron cierta atención mediática. También el Gobierno de entonces pareció estar interesado en contar con proyectos locales para combatir al covid-19. Se habló con entusiasmo de producir localmente ventiladores portátiles y pruebas moleculares rápidas, así como de construir plantas de oxígeno medicinal. Incluso hubo un proyecto de vacuna peruana.
Pero lo que pareció una muestra de interés del expresidente Vizcarra, resultó siendo avidez -como era su costumbre- por la oportunidad de salir en la foto con los científicos innovadores –para ganar puntos en las encuestas–. Si bien algunos de esos proyectos se hicieron realidad, tuvieron que enfrentarse a una barrera burocrática muy difícil de franquear: los excesivamente prolongados plazos que la entidad reguladora (Digemid, adscrita al Minsa) impone para evaluar tratamientos médicos.
Tuvieron que pasar meses para que los ventiladores y las pruebas moleculares recibieran sus licencias, y algunos más para que el Gobierno se animase a usarlos. Y no se trató de adquisiciones masivas. Con el actual Gobierno, la situación no ha mejorado, pese a que el presidente Sagasti se declaró en enero “un hombre de ciencia”. Quizás cuando muchos como él hablan de ciencia, se refieren a la de países avanzados, que destinan miles de millones de dólares anuales a investigación y desarrollo.
Tales fondos, por ejemplo, han sido cruciales para que la vacuna anticovid se haya desarrollado en tan poco tiempo. Mientras tanto, en nuestro país ni siquiera se hace lo que se puede. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) debe de ser una de las agencias gubernamentales con menos respaldo político, pese a que cuenta con un marco legal que en el papel parece atractivo.
Por ejemplo, se pueden deducir del Impuesto a la Renta gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, pero es poca la información disponible sobre el uso que las empresas le estarían dando a este beneficio tributario. Y en el Congreso hay un proyecto de ley para crear un fondo que financie innovación científica, que arrancará con un capital de S/ 10 millones, monto que reflejaría el valor que el Estado le otorga a la ciencia. No es necesario mirar al norte para aprender, pues hay ejemplos de países más cercanos que podrían servir, como Argentina (y sus dos premios Nobel de Medicina y uno de Química).