REFORMA POLÍTICA. El clima de constante enfrentamiento entre poderes que marcó la presidencia de Kuczynski y posteriormente la de Vizcarra, no solo llevó a cuestionar a los congresistas que hasta ese momento habían ocupado el Parlamento, sino a tratar de restringir la forma en que eran elegidos. Así, una de las primeras propuestas de reforma fue la de no reelección.
Decidida la disolución del Congreso, los actuales parlamentarios fueron elegidos por la población para continuar con las reformas iniciadas por sus antecesores entre las que figuraban el retiro de la inmunidad parlamentaria y la relativa a los requisitos para postular, todos temas importantes y que sin duda responden al interés de los ciudadanos, pero que no pueden ser los únicos temas de reforma.
Pero a lo largo de los meses que lleva planteada la propuesta de reforma e incluso antes de que Vizcarra convocara a la comisión de expertos que planteó una propuesta, el debate estuvo inmerso en un sesgo ideológico, que hasta ahora perdura, olvidando que la Constitución está planteada como la ley de leyes y tiene una vocación de permanencia en el tiempo, por lo que sus cambios deben tratar de centrarse en criterios legales más que coyunturales.
No siempre los ciudadanos conocen todas las aristas del problema y por ello en el debate parlamentario deben examinarse los pros y contras de cada proyecto de ley y el dictamen debe recoger los ajustes necesarios para hacerlos viables.
Lamentablemente, ni el Legislativo ni el Ejecutivo se abocaron a hacer realidad este ideal. La investidura del presidente como de los congresistas e incluso de ministros y jueces requiere algún tipo de protección que sin llevar a excesos les permitan cumplir a cabalidad su función sin temer denuncias irresponsables.
Nada es blanco o negro y los parlamentarios lo saben, pues aprobando el retiro de la inmunidad para el presidente, los ministros, los magistrados del TC, jueces y fiscales supremos y parlamentarios, entre otros, mantuvieron la referida a que los congresistas no pueden ser acusados por sus opiniones ni por los votos que emitan. Un privilegio solo para ellos y que no se ha mantenido para ninguna otra autoridad, ni siquiera para los jueces.
¿Qué llevó al Parlamento a aprobar medidas que días antes fueron descartadas? ¿Fue una respuesta política frente al discurso del mandatario en el que planteaba usar, nuevamente, la figura del referéndum? Si de eso se trató, la respuesta del Congreso al pronunciamiento del presidente Vizcarra no es lo que el país esperaba. Actuó mal.
Pero en este juego político donde cada uno busca atacar a su “enemigo”, el único que pierde es el país. Cada vez será más complicado que personas con capacidad y que hoy laboran en el sector privado acepten algún cargo público, ya sea por elección o por encargo, pues el riesgo, por ejemplo, de ser ministro por un año y llevar un juicio por 10, es muy alto.
El actual Parlamento ha cometido demasiados errores aprobando leyes cuestionables basándose únicamente en “que así lo quiere la gente”. Le corresponde actuar con mayor responsabilidad, pues si bien todos están a favor de una reforma política, cada uno la entiende diferente.
El presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso tienen mañana la oportunidad de conversar, y aunque el ánimo de diálogo no ha sido su mayor característica, pueden llegar a un consenso para la reforma que todos esperan.