PODER LEGISLATIVO. La última encuesta de Datum revela que el 75.7% desaprueba la labor que realiza el Congreso de la República. Lamentablemente, esta no es ninguna novedad, pues sigue la misma tendencia de los congresos anteriores. Sin embargo, “mal de muchos, consuelo de tontos”, reza el refrán, y por ello los actuales parlamentarios deberían aprender de errores pasados para no repetirlos y abocarse a cumplir su labor de la mejor manera. Y aunque el calor del debate genere roces, hechos como el ocurrido esta semana entre los congresistas Guido Bellido y Ernesto Bustamante, por poner solo un ejemplo, no deberían volver a generarse, pues no ayudan en nada al cumplimiento de sus labores.
Al inicio de la actual gestión, en julio del 2021, todas las comisiones y la Mesa Directiva aprobaron sus planes de trabajo, los cuales deberían ser no solo cumplidos sino, además, se debería informar a la población los avances que se dan mensualmente para que exista un mayor seguimiento y se logre un mayor “acercamiento al ciudadano”.
Asimismo, un aspecto que fue muy criticado en el pasado es el uso o mal uso que hacen los parlamentarios del tiempo y del presupuesto destinado para su semana de representación. En los últimos tres meses varios congresistas han incumplido con presentar los informes que exige el Parlamento para conocer las actividades realizadas en dicho periodo, y esas malas prácticas (que no son exclusivas de ninguna agrupación política) deberían ser sancionadas para que no se repitan.
Pero donde mayor cuidado deben poner los congresistas es en uno de los pilares de su labor: la elaboración de leyes. A pesar de que dentro de la exposición de motivos deben incluir un análisis del costo-beneficio y establecer qué normas modifican, por lo general en ambos casos se opta por incluir fórmulas generales del tipo “no generarán ningún gasto” o “deróguense todas las normas que sean contrarias”, y si bien el Congreso cuenta con un “Área de técnica legislativa”, al parecer la mayoría de los congresistas o bancadas no le solicitan asesoría.
No en vano desde hace varios congresos atrás se planteó la idea de crear un grupo especial, una suerte de centro de asesoría que obligatoriamente revisara las propuestas de los parlamentarios antes de ser presentadas para asegurarse de que cumplieran con todos los requisitos técnicos, que no fueran contra el orden constitucional de no generar gasto y sobre todo que evaluara su pertinencia, pero no se concretó su creación.
Si los actuales congresistas de verdad quieren generar un cambio, deben dejar de trabajar como lo han hecho sus antecesores.