AGRICULTURA. Aunque el grupo de trabajo que se encargará de realizar el plan de acción para la llamada “segunda reforma agraria” se ha conformado hace poco más de una semana, el Gobierno decidió hacer su lanzamiento, anunciando un conjunto de medidas, algunas de las cuales ya están vigentes y otras se aplicaron en el pasado sin resultados positivos.
Por ejemplo, la propuesta de una banca de fomento remite inmediatamente al problema que siempre tuvo el Banco Agrario para la ejecución de deudas, debido, sobre todo, a que el Estado suele ser más laxo en sus análisis al momento de otorgar los créditos y de hacerles seguimiento. Por su parte, la franja de precios es un anuncio que viene desde la segunda vuelta electoral y trata de darle un impulso a una figura que ya existe.
Varias de las propuestas son un listado de buenas intenciones, que ya tuvo en cartera el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero que no logra materializarse debido a la falta de capacidad del Ejecutivo de llevar adelante la tarea. Antes que hacer un lanzamiento por todo lo alto, el presidente Pedro Castillo y el ministro Víctor MaIta debieron analizar cuáles son las trabas que existen en el sector que impiden el verdadero desarrollo del agro.
Si bien la productividad en el sector agroexportador ha mejorado en las últimas décadas, no ha sucedido lo mismo con los pequeños agricultores ni con la agricultura para el consumo interno. En ese sentido, ¿de qué le serviría a un agricultor tener todo el acceso al crédito si no podrá pagarlo? Un programa de compras del Estado es útil, pero con un solo cliente no se vive, y es poco probable que ese esquema pueda llegar a todos los que lo requieren.
Agua, carreteras y tecnología son los puntos básicos sobre los cuales empezar a construir una mejora en el sector agrario. Y nuevamente el problema es la poca capacidad del Estado para ejecutar. Desde el 2017 existe el programa Sierra Azul, cuyo objetivo es incrementar la seguridad hídrica agraria, pero sus resultados aún son mínimos. Respecto a las carreteras, estudios sobre las necesidades hay muchos, pero no se logra poner en marcha los proyectos ni conseguir a quienes los ejecutarán, y si de apoyo tecnológico se habla, es muy poco lo que se hace para masificar el riego tecnificado y el cambio de cultivos analizando la demanda para favorecer la productividad o el uso de semillas mejoradas.
Una rápida revisión a lo que el sector agrario requiere muestra que están de más las amenazas hechas –nuevamente– por el premier Guido Bellido al Congreso en el sentido de que, si no aprueba la reforma agraria, “devolveremos a cada congresista a su pueblo”, pues es el Ejecutivo el que tiene en sus manos la solución a los problemas.