Cada vez más inseguros

DELITOS. El aumento de la inseguridad ciudadana es una realidad para todos los peruanos. La delincuencia se apropia no solo de los bienes y el patrimonio de las personas, sino también pone en riesgo la integridad física y la propia vida. No solo de manera directa, sino también por estar en el lugar y momento equivocados, como le sucedió a una niña de cinco años en Trujillo.

El ministro de Interior, Avelino Guillén, anuncia que trabaja en un grupo de medidas más severas para combatir la delincuencia. Una de las acciones que plantea es la de tipificar el cobro de cupos como “terrorismo extorsivo”, lo cual permitiría el agravamiento de las sanciones para este tipo de delitos.

No es inadecuado que se busque modificar los tipos penales de algunos delitos. Sin embargo, el ministro debe tener presente que un cambio en la normativa no genera un cambio en la realidad. En los últimos 20 años, por no retroceder más en el tiempo, los diferentes gobiernos han ido agravando las penas para delitos como hurto o robo, entre otros, y también se ha incrementado la rigidez en los delitos de sicariato, tanto la conspiración como el ofrecimiento, sin que se haya visto una reducción significativa de la delincuencia.

Suena efectista y tranquilizador escuchar del incremento de penas, que cuatro mil efectivos policiales resguardarán la seguridad de los limeños durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo o que se plantea declarar el estado de emergencia en provincias como el Callao y Trujillo, pero es difícil de cumplirlo. No basta con que la Policía logre detener a quienes delinquen si un mes después deben volver a atraparlos. La solución a la situación de inseguridad que vive el país no se logrará de la noche a la mañana ni con medidas aisladas.

¿Se cuenta con la cantidad de efectivos policiales necesarios para resguardar las calles de todo el país? ¿La fiscalía tiene el personal suficiente para no retardar los procesos y que los inculpados puedan ir a juicio antes de vencer el plazo de su detención? ¿El Poder Judicial está preparado para ver incrementada su carga procesal? ¿Las oficinas de control podrán hacerles frente a las denuncias de actos de corrupción de quienes pretendan no recibir un castigo? ¿Hay cárceles suficientes para recibir a todos los condenados?

Se requiere trabajar una verdadera política de Estado de largo plazo cuyos resultados seguramente no se verán en cinco años, y tres ministros del Interior en menos de cinco meses no son una buena señal.