:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/5FWGUYEPLZEMZCCQH7BENNTPDE.jfif)
CONTRALORÍA. “De un total de más de 21,000 funcionarios y servidores públicos con responsabilidad civil, penal y administrativa, a 8,000 se les ha identificado presunta responsabilidad penal. Ello representa el 37% de investigaciones en las cuales se han evidenciado serias irregularidades e indicios de corrupción”. Estas cifras brindadas por el contralor Nelson Shack son parte del fundamento dado por esta institución para solicitar la reforma constitucional que permita a la Contraloría acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de aquellos a quienes se investiga.
El Parlamento debería volverla a poner a discusión el pleno. Sin duda, no es un tema sencillo, porque el temor a que esta nueva facultad pueda ser mal utilizada existe. Sin embargo, serán necesarios algunos candados y exigencias para el buen uso de la información de manera que ningún gobierno haga un uso político de la información. Así, además, lo ha adelantado la Contraloría.
Lo importante es que este cambio no es nuevo. Ya otros países otorgan estas facilidades a las entidades que realizan investigaciones, sobre todo vinculadas a casos de corrupción, para acceder a esta información sin tener que previamente solicitarla judicialmente, porque este requisito retarda los procesos de investigación.
La pregunta de la ciudadanía en este caso puede ser simple: ¿si los congresistas dicen luchar contra la corrupción y declaran que desean castigos ejemplares para los corruptos por qué no dan facilidades a las entidades que buscan investigar y sancionar a quienes se aprovechan de su puesto para generar beneficios personales en perjuicio de los peruanos?
Más allá de la crisis política que afronta el país y que desde hace varios meses tiene a la deriva al Ejecutivo, el Parlamento debe recordar que además de su función fiscalizadora está la de legislar sobre todo en temas de fondo que permitirán cambios necesarios.
Una necesaria revisión de la reforma constitucional también debe implicar una revisión a la redacción de la misma para evitar que al momento de otorgarle estas facultades a la Contraloría, la SBS, el juez, el fiscal de la Nación y una Comisión Investigadora del Congreso, no se le retire esta facultad a la Sunat, que posee en aplicación de los decretos legislativos 1434 y el 1313, y que se aprobaron en el marco de los compromisos con la OCDE.
