Desgobierno regional

Autoridades subnacionales. Desde hace varios años, pero en los últimos meses en mayor medida, los reclamos de las comunidades contra las empresas de los sectores extractivos se han incrementado. Estos no se agotan en los temas medioambientales, sino que por lo general se centran en el hecho de que las zonas cercanas a los proyectos no cuentan con los servicios básicos necesarios ni los ingresos que la población requiere.

Sin embargo, la realidad contradice esta percepción. Gestión informó que de los distritos que tienen presupuesto proveniente del “rubro 18″ (canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones) para proyectos, al 21 de diciembre aún no ejecutaron S/ 3,723.4 millones. Es decir, 45.8% del total de ingresos. Incluso un análisis más cercano muestra que un distrito como San Marcos, en Áncash, que cuenta con S/ 561.1 millones, solo ha devengado un 25.9%. En una situación similar se encuentran los gobiernos regionales, los que a pesar de contar con los recursos que brindan las empresas que operan en sus zonas, no logran ejecutar dichos montos en beneficio de su población.

Esta data demuestra un alto nivel de incapacidad de las autoridades regionales y locales para poder cumplir con su labor. Pero este no es el único problema. A pesar de que a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) no les gusta que se les estigmatice como corruptos, lo cierto es que las noticias sobre gobernadores regionales detenidos o fugados por estar inmersos en casos de corrupción no se detienen. No en vano actualmente existen en giro 115 carpetas fiscales por casos de corrupción que vinculan a gobernadores regionales.

La realidad muestra que las autoridades locales y regionales no están a la altura de lo que requiere la población, no muestran interés por invertir en proyectos de infraestructura y, durante esta pandemia, su incompetencia ha restado a los esfuerzos de vacunación. Ni qué decir de su falta de responsabilidad para combatir la inseguridad ciudadana.

Desde el Congreso debería plantearse de manera técnica una revisión del modelo de descentralización que tiene el país para tener regiones reales (no solo departamentos) y para lograr los objetivos trazados inicialmente: acercar el Estado al ciudadano y mejorar los servicios públicos. Pero, aun existiendo el interés político en hacerlo –algo que actualmente no existe– estos cambios no se aplicarían en las próximas elecciones, por lo que le corresponde a la población no repetir errores pasados, no volver a elegir a quienes ya tienen investigaciones o sentencias por corrupción y evaluar bien a quienes sean sus representantes por los próximos cuatro años.