De reversa

Transporte. Hace dos meses, advertimos que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, parecía más interesado en atender las demandas de los transportistas informales que en cuidar de los millones de usuarios de dichos servicios que deben ser el centro de la reforma de un sector por demás caótico.

Lamentablemente, sus acciones posteriores confirman los temores. Por ejemplo, luego de que en diciembre del 2020, el Congreso –presidido por la hoy premier, Mirtha Vásquez– promulgara por insistencia una ley que formaliza los taxis colectivos y la demanda de inconstitucional contra dicha norma fuera declarada infundada por el Tribunal Constitucional, el Ministerio rápidamente procedió a dictar una norma para empadronar a los prestadores del servicio de taxi colectivo, olvidando todos los comentarios y sugerencias de los especialistas, incluidos los propios magistrados del TC, quienes solo pensaron en la necesidad de esta forma de transporte para las zonas del país donde no hay otro tipo de oferta.

El Ministerio se ha comprometido a prepublicar el reglamento, que hará luego de “recolectar los insumos necesarios”, y será necesario que en este se tomen en cuenta todos los riesgos que este servicio presenta, porque además de la informalidad, están la delincuencia y la inseguridad tanto para quienes los toman como para terceros. No en vano un reciente informe de la Defensoría del Pueblo muestra que en los últimos cinco años se han producido más de 420,000 accidentes de tránsito que han ocasionado la muerte de más de 14,000 personas y han dejado heridas o en situación de discapacidad a más de 272,000. Tres de las principales causas de estos accidentes son el exceso de velocidad, la imprudencia y el estado de ebriedad de los conductores. Las dos primeras son actitudes continuas de quienes prestan servicio público de transporte.

Todos los esfuerzos desplegados en los gobiernos anteriores por iniciar una reforma de transporte, que incluyó la creación de organismos como la Sutran o la ATU, parecen estar cayendo en saco roto. Juan Silva va de reversa y, al igual que en materia educativa, el Gobierno parece inclinarse hacia la contrarreforma y dejar de lado lo poco que se ha podido avanzar, en lugar de fortalecer a las instituciones y ser más eficiente en el control y en las sanciones a los infractores. La vida de los peruanos está en juego, pero a pocos en el Gobierno parece importarle.