FORMALIDAD. Redondeando cifras oficiales, actualmente más de doce millones de peruanos tienen un trabajo informal y poco menos de cuatro millones tienen un empleo formal. De esos cuatro millones, apenas 93,000 están sindicalizados. Siendo así, la pregunta debería caer de madura, ¿cuál debe ser la principal preocupación del Ministerio de Trabajo?
La titular del sector, Betssy Chávez –siguiendo la línea del Gobierno y también de sus antecesores en gobiernos anteriores– parece más interesada en trabajar solo para esos cuatro millones o escuchar únicamente a los representantes de los 93,000 trabajadores, cuando lo importante es encontrar la forma de que, por lo menos, la mitad de los trabajadores informales puedan convertirse en formales y tener la tranquilidad de un contrato de trabajo que les permita acceder a beneficios como salud o pensión.
Sin embargo, en los tres meses en que Chávez ha estado al frente del MTPE, poco o nada ha avanzado en ese camino. Ha preferido insistir en el aumento del sueldo mínimo, y si bien espera verlo con el Consejo Nacional de Trabajo, es probable que ante la falta de acuerdo igual opte por el incremento. Asimismo, continuará con la “Agenda-19″, planteada por su antecesor, sin siquiera evaluar si todos los puntos priorizados merecen la pena.
La única medida anunciada que podría ampliar el número de trabajadores formales es la de otorgar incentivos para la contratación de jóvenes que espera concretar este año, aunque no está claro cuáles serían los incentivos. Si bien plantea trabajar de la mano del MEF para identificar a los empleadores informales y, una vez focalizados, brindar facilidades a nivel tributario, se equivoca al considerar que la raíz de la informalidad es solo tributaria. Ese camino ya se siguió antes (RER, RUS, microempresas, etc.) y no logró los resultados esperados. Más bien debería buscar nuevos enfoques con especialistas, incluso algunos gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, ya han trabajado esquemas novedosos que vale la pena evaluar.
Una labor que sí parece bien encaminada es la de la supervisión, aunque queda conocer si el nuevo jefe de la Sunafil, Jesús Baldeón, planea seguir los planteamientos del saliente, respecto no solo a no fiscalizar siempre a las mismas empresas, sino, sobre todo, a utilizar la información y la data con la cual ya cuenta el Estado a través de diferentes instituciones para realizar fiscalizaciones más inteligentes.