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PARO DE TRANSPORTE. Desde la semana pasada los gremios de transporte urbano anunciaron una paralización para el día de ayer. Sin embargo, el Gobierno logró llegar a un acuerdo con casi un 70% de los gremios, lo que minimizó los efectos de la anunciada huelga. Los acuerdos anunciados por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, eran de esperar, pues ya algunos de esos ofrecimientos se habían hecho durante la negociación con los gremios de transporte de carga e interprovincial.
El problema de los acuerdos alcanzados es que no se trata de la búsqueda de una solución a largo plazo y mucho menos se ha tratado de una negociación. En una negociación cada parte debe otorgar algo al otro, en este caso el Gobierno está otorgando una serie de beneficios económicos solo para evitar que se paralicen los servicios de transporte. Así, se les está otorgando la devolución del 70% del ISC aplicable al combustible diésel desde agosto de este año hasta diciembre del 2025, medida que le costará S/ 200 millones anuales al país y no se conoce ninguna evaluación técnica para que se establezca que el beneficio debe durar hasta el 2025. Adicionalmente, se les devolverá el 40% del monto de peajes que paguen durante los próximos cuatro meses, lo que costará S/ 200 millones más.
¿De dónde saldrán los fondos para cubrir estos gastos? ¿Qué pasará dentro de cuatro meses o en el 2025? ¿Otra vez los transportistas amenazarán con un paro para que se prorrogue el beneficio? La experiencia demuestra que en el Perú la mayoría de las normas temporales se convierten en permanentes, y seguramente puesto contra la pared es probable que se ceda nuevamente antes estas exigencias.
Si bien es cierto que el incremento en el precio de los combustibles afecta a los transportistas, también es cierto que no son los únicos perjudicados y, lo que es peor, los pasajeros no son tomados en cuenta, pues en ningún lugar de los acuerdos figura el que se otorgue un mejor servicio a los usuarios, que las unidades en malas condiciones se dejen de lado o mayores sanciones a los choferes que manejen incumpliendo las normas de tránsito.
Además, resulta irresponsable tratar de resolver todos los problemas con un mayor gasto del Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado y en las últimas semanas las decisiones del Gobierno han ido abriendo un gran forado a estos ingresos. Una solución temporal como la generada solo alarga el problema.
