FINANCIAMIENTO. Si bien la idea de regularizar el sueldo de aquellos trabajadores del Estado que, en algunos casos, tienen más de 10 años sin percibir un aumento en sus remuneraciones tiene una base lógica y de legítimo derecho, lo cierto es que la negociación colectiva del sector público con el Estado, que acordó un bono extraordinario y un aumento de sueldo para todos aquellos que laboran bajo los regímenes regulados por los decretos legislativos 728, 276, CAS y el Servicio Civil, tiene implicancias que el Gobierno parece no haber visto.
La decisión del Ejecutivo se aplicará al 60% del total de trabajadores del Estado e implicará un gasto extraordinario por única vez de S/ 316 millones por un bono extraordinario y un incremento en el gasto anual de planillas de S/ 514 millones por el aumento de las remuneraciones. Lo que genera una inmediata pregunta ¿de dónde obtendrá el Estado los fondos para cubrir este nuevo gasto adicional?
Si bien los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva, en el caso del Estado esta no debería darse sin un informe del Ministerio de Economía que fije el techo máximo a negociar en función de la capacidad del Estado. Dado que la norma fue modificada eliminando este requisito, lo que podría generarse son exigencias que ponen en riesgo la estabilidad fiscal.
Esta es una situación preocupante si se tiene en cuenta que en lo que va del año este no es el único gasto “extraordinario” que tanto desde el Gobierno como desde el Parlamento se ha generado —al parecer creyendo que el país tiene un bolsillo sin fondo—, y que afecta las arcas fiscales: el pago de horas de preparación de clases para los profesores, las exoneraciones al ISC o el aporte por pago de peaje otorgado a los transportistas y el pago de CTS para los trabajadores CAS, solo por mencionar algunos.
Esta situación es alarmante, por la poca planificación que implica generar todos estos gastos sin tener presente el presupuesto aprobado para el año. Pero se complica si se evalúa el contexto actual en el que la recaudación viene cayendo en los últimos dos meses y desde el Gobierno —a pesar de todas las declaraciones que se dan fuera del país—no se ve un real interés por fomentar la inversión privada en los grandes proyectos que requiere el Perú para mantener un adecuado nivel de ingresos.
Gastar más de lo que se gana solo implica hacer uso de los ahorros y/o endeudarse, y ninguna persona, menos un país, puede llegar a buen puerto con esa estrategia.