Azuzando el entorno

Conflictos sociales. El 2020 cerró el año con 198 conflictos sociales latentes y 26 por estallar, quizás lo que más se recuerde sea el generado en el sector agroexportador y que implicó el cierre de carreteras en el norte y sur del país. El 2021 tampoco tuvo un inicio tranquilo y luego que Pedro Castillo asumiera la Presidencia la notoriedad de los reclamos de todo tipo se han visto en aumento sobre todo en el sector minero.

Si bien el reporte que mensualmente realiza la Defensoría del Pueblo siempre ha destacado que la mayoría de los reclamos son de tipo socioambiental, este año el nivel de violencia (cierre de carreteras u otras medidas de fuerza) se ha visto incrementado, y en eso han colaborado las autoridades, quienes en lugar de apostar por el diálogo terminan azuzándolo. Un ejemplo de ello es el ministro de Energía Minas, quien no dudó en asegurar que “a veces hay que permitir” el bloqueo de carreteras “ante la posición intransigente de las empresas”, olvidando que el cierre de carreteras es un delito, aunque en más de un caso los jueces decidan no sancionar a quienes están involucrados en estos hechos.

Estas declaraciones son una evidencia de que desde el Gobierno no existe una estrategia para hacerles frente a los conflictos y tratar de darles una solución. No hay una real apuesta por buscar consensos, pues si bien se forman mesas de diálogo, las autoridades se muestran más interesadas en maximizar los reclamos que en buscar una salida que beneficie a ambas partes. Un ejemplo de ello es lo que viene sucediendo con Las Bambas, que aún no logra retomar actividades, o con la empresa Gasnorp en Piura y que pone en riesgo la masificación del gas en el norte.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, existen 272 conflictos sociales latentes, 74 más que a fines del año pasado, el número crece mes a mes y, lo que es peor, la cifra se incrementará durante el 2022 al tratarse de un año de elecciones regionales y municipales, pues muchas agrupaciones radicales usan los enfrentamientos como banderas de campaña electoral.

Frente a la actitud del Gobierno y el incremento de los reclamos, las empresas deberían también replantear las estrategias que han venido utilizando para afrontar los reclamos de la población.

Son muchas las necesidades de las comunidades, es poco lo que el Estado hace para cubrirlas o para utilizar adecuadamente los tributos que pagan las empresas. Las compañías pueden y deben ayudar a su entorno, pero de ninguna manera pueden reemplazar a las diferentes instancias de gobierno.