"El ordenamiento del gasto público también se logró reduciendo la abultada planilla gubernamental y vendiendo empresas estatales que operaban con ineficiencia y generaban pérdidas". (Foto: Andina)
"El ordenamiento del gasto público también se logró reduciendo la abultada planilla gubernamental y vendiendo empresas estatales que operaban con ineficiencia y generaban pérdidas". (Foto: Andina)

El 8 de agosto de 1990 marcó el inicio de la reconfiguración de la economía peruana. El entonces titular del , Juan Carlos Hurtado Miller –nombrado por , quien había asumido la presidencia de la República once días antes–, anunció un paquete de medidas orientadas a ponerle fin a la . Así, desapareció el nefasto sistema de “precios oficiales”, incluido el del , y ese sinceramiento de precios condujo, pocos años después, a la estabilidad.

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Esa es la palabra clave de la reforma macroeconómica que emprendió el primer Gobierno de Fujimori, pues también implementó medidas para asegurar la estabilidad fiscal y monetaria. La primera, a través de un manejo prudente de los recursos públicos y la creación de una entidad recaudadora de impuestos estricta y profesional (la Sunat), y la segunda, otorgándole al Banco Central de Reserva (BCR) autonomía para el manejo de la política monetaria.

El ordenamiento del gasto público también se logró reduciendo la abultada planilla gubernamental y vendiendo empresas estatales que operaban con ineficiencia y generaban pérdidas. Otro paso clave fue la reincorporación del Perú al sistema financiero internacional: se renegoció la deuda externa, lo que a su vez abrió las puertas a nuevas líneas de crédito para sanear la economía y emprender una necesaria renovación de la infraestructura pública. También hubo reformas en el sistema de pensiones, la regulación de servicios públicos, la promoción de exportaciones y del turismo, y la protección del consumidor y de los derechos de autor, entre otras.

La Constitución, aprobada por referendo en 1993 –proceso que fue supervisado por veedores internacionales–, consagra un régimen económico que otorga libertad a la iniciativa privada en una “economía social de mercado”, donde el Estado orienta el desarrollo del país. Esa simple declaración permitió una rápida modernización de la economía peruana y la reducción de brechas sociales.

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Lamentablemente, el talante autoritario de Fujimori se impuso a partir de 1995, y su obsesión por permanecer en el poder desvió su atención de las reformas, muchas de las cuales quedaron a medias o no vieron la luz. Es el caso de la privatización de Petroperú y del sistema de saneamiento, o la reforma del sistema de justicia y la seguridad ciudadana, con lo que incrementó el riesgo de corrupción, delito por el que fue juzgado y condenado –junto con los de lesa humanidad–. Pero en materia económica, su legado es relevante, aunque las autoridades actuales no estén esforzándose por preservarlo, a pesar de los beneficios que ha generado al país durante más de tres décadas.

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