El 8 de agosto de 1990 marcó el inicio de la reconfiguración de la economía peruana. El entonces titular del MEF, Juan Carlos Hurtado Miller –nombrado por Alberto Fujimori Fujimori, quien había asumido la presidencia de la República once días antes–, anunció un paquete de medidas orientadas a ponerle fin a la hiperinflación. Así, desapareció el nefasto sistema de “precios oficiales”, incluido el del dólar, y ese sinceramiento de precios condujo, pocos años después, a la estabilidad.
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Esa es la palabra clave de la reforma macroeconómica que emprendió el primer Gobierno de Fujimori, pues también implementó medidas para asegurar la estabilidad fiscal y monetaria. La primera, a través de un manejo prudente de los recursos públicos y la creación de una entidad recaudadora de impuestos estricta y profesional (la Sunat), y la segunda, otorgándole al Banco Central de Reserva (BCR) autonomía para el manejo de la política monetaria.
El ordenamiento del gasto público también se logró reduciendo la abultada planilla gubernamental y vendiendo empresas estatales que operaban con ineficiencia y generaban pérdidas. Otro paso clave fue la reincorporación del Perú al sistema financiero internacional: se renegoció la deuda externa, lo que a su vez abrió las puertas a nuevas líneas de crédito para sanear la economía y emprender una necesaria renovación de la infraestructura pública. También hubo reformas en el sistema de pensiones, la regulación de servicios públicos, la promoción de exportaciones y del turismo, y la protección del consumidor y de los derechos de autor, entre otras.
La Constitución, aprobada por referendo en 1993 –proceso que fue supervisado por veedores internacionales–, consagra un régimen económico que otorga libertad a la iniciativa privada en una “economía social de mercado”, donde el Estado orienta el desarrollo del país. Esa simple declaración permitió una rápida modernización de la economía peruana y la reducción de brechas sociales.
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Lamentablemente, el talante autoritario de Fujimori se impuso a partir de 1995, y su obsesión por permanecer en el poder desvió su atención de las reformas, muchas de las cuales quedaron a medias o no vieron la luz. Es el caso de la privatización de Petroperú y del sistema de saneamiento, o la reforma del sistema de justicia y la seguridad ciudadana, con lo que incrementó el riesgo de corrupción, delito por el que fue juzgado y condenado –junto con los de lesa humanidad–. Pero en materia económica, su legado es relevante, aunque las autoridades actuales no estén esforzándose por preservarlo, a pesar de los beneficios que ha generado al país durante más de tres décadas.
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