Editorial: Susalud al rescate

Un paso más. La reforma de la salud no está centrada únicamente en la necesaria inversión en infraestructura, sino que tiene como otro de sus pilares la mejora en la calidad del servicio que prestan hospitales y clínicas, privados y públicos. Hace tres meses, el presidente Ollanta Humala tuvo que sacrificar a la principal promotora de esta reforma, Midori de Habich, pero su reemplazo Aníbal Velásquez, quien se desempeñaba como viceministro de Salud Pública, ha continuado con el trabajo de su antecesora.

Por el lado de la infraestructura, se tiene previsto invertir S/. 8,000 millones en todo el país –De Habich informó en su oportunidad que se construirán 209 centros de salud como parte del plan para cerrar la brecha existente en el sector–. Velásquez por su parte, ha señalado que estos proyectos serán financiados bajo tres modalidades: obras públicas, asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos. Estas dos últimas opciones abarcarían la mitad de las inversiones.

El esquema que se adoptará para las APP podría incluir, además de la edificación de las instalaciones, la concesión de los servicios, un tema que no es del agrado de muchos políticos, según ellos preocupados porque el sector privado no brindaría la atención adecuada.

Pero la reforma de la salud también tiene cubierto este tema: la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ya cuenta con las herramientas para atacar el problema de la mala atención, pues ya puede sancionar con multas de hasta S/. 1.9 millones a los establecimientos que maltratan a sus pacientes. Por fin, desde enero está vigente un sistema de atención de quejas y reclamos que esperemos eleve la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Es más probable que ese salto se observe en el sector privado, pues en el público las multas serían una especie de transferencia contable, de modo que deben buscarse soluciones alternativas que impulsen un trabajo más eficiente. Mientras tanto, Susalud ha puesto en la mira a los más de 4,000 centros de salud que funcionan de manera informal y hasta ilegal. El Gobierno tiene que darle el apoyo político que necesita para que pueda atacar este problema con eficacia (y obtenga resultados).