Editorial: De nuevo en agenda

Salario mínimo. Aprovechando el diálogo nacional que promovió el Gobierno con las fuerzas políticas, el presidente Humala puso en agenda el tema de la remuneración mínima vital (RMV), al anunciar que en el segundo semestre se evaluará su incremento.

Más allá de que no es el momento más oportuno para un aumento en los costos salariales (el crecimiento económico se ha desacelerado drásticamente y la inversión privada se ha caído), el Ministerio de Economía (MEF) debería pronunciarse de manera clara sobre este tema, salvo que el cambio de titular en el MEF haya significado también un cambio de posición.

En febrero del año pasado el MEF aseguró que el aumento de la RMV no estaba en agenda, posición que fue apoyada, primero, por la primera dama, y luego, por el propio presidente Humala. Sin embargo, ahora, justo un año después, y cuando precisamente ya estamos en el año preelectoral, el mandatario pone el tema en la agenda. Con ello levanta expectativas en la población y lo peor sería que después estas se vean frustradas.

Consideramos que los salarios deben fijarse en función de la productividad del trabajo, posición que, por lo demás, es la misma del MEF (o al menos lo era). Pero falta un indicador estándar, de aceptación general, que mida la evolución de la productividad laboral en el país y que sirva de referencia a los salarios.

Por ahora lo que se tiene es un informe, de febrero del 2014, en el Consejo Nacional del Trabajo CNT (que agrupa a las organizaciones sindicales, gremios empresariales y el Estado), el cual propone los parámetros (entre ellos, la productividad) bajo los cuales debería aumentarse la RMV, la periodicidad del ajuste, entre otros. Una de las conclusiones del informe es que un aumento acotado en la RMV no elevaría la informalidad laboral.

El Gobierno debe dar a conocer ese informe del CNT y, a partir de él, abrir un debate público en el que participen todos los involucrados, pero en el que primen consideraciones técnicas y no políticas, y menos electorales. De lo contrario, el resultado puede ser similar a lo que ocurrió con la ley de promoción del empleo juvenil que fue derogada por no haber sido ampliamente debatida antes de aprobarse.