PROYECTOS. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) continúa elaborando iniciativas para formalizar el mercado financiero. La semana pasada, comentamos en esta columna dos proyectos que buscan bancarizar los pagos, uno de los cuales ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía del Congreso –para las transacciones superiores a las 3 UIT–, y se espera que no demore el debate del que plantea algo similar para las remuneraciones.

Uno de los pilares de la formalización de las finanzas es incluir dentro del ámbito regulador y supervisor de la SBS a todas las entidades que realizan transacciones e intermedian dinero de terceros. Para muchos puede ser una sorpresa que las casas de cambio –y los cambistas en la calle– no estén sujetos a las normas de dicho organismo, ni tampoco a las del Banco Central de Reserva (BCR), que tiene entre sus funciones el diseño e implementación de la política cambiaria. Lo mismo sucede con las firmas de créditos pignoraticios (las casas de empeño) y, como hemos mencionado en más de una ocasión, con las cooperativas de ahorro y crédito (CAC).

Uno de los obstáculos que esta debilidad legal enfrenta, en especial con las casas de cambio, es que al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento –como sí lo están los bancos, las financieras y las cajas–, es imposible verificar el origen del dinero que utilizan para sus operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SBS y encargada de detectar delitos como el lavado de dinero, está ultimando un proyecto de ley que pondría fin a esta falta de transparencia.

Al respecto, la propuesta obliga el cumplimiento de un proceso de licenciamiento, de verificación del origen de los fondos y de información de las personas que constituyan las casas de cambio –por ejemplo, que no tengan antecedentes de condena por narcotráfico o por delitos graves–. Este proyecto cerrará más el cerco contra el lavado de dinero, de modo que no habría que anticipar inconvenientes para cuando llegue la hora de debatirlo en el Congreso.

Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestras dudas, pues hay iniciativas orientadas a formalizar el mercado financiero que llevan muchos años sin ser discutidas en el Parlamento. Una de las más saltantes es la que busca incluir a las CAC dentro del ámbito de la SBS. Estas empresas operan sin regirse por un marco legal que exija, por ejemplo, la conformación de un seguro de depósitos que proteja a los ahorristas. A ver si esta vez los congresistas dejan de darle tantas largas al asunto.