Redacción Gestión

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BALANCE ECONÓMICO. El 2014 concluye con una pronunciada desaceleración de nuestra economía. A comienzos de año pensábamos que creceríamos alrededor del 5%, tal como en el 2013; sin embargo, terminaremos el periodo aproximadamente con la mitad. Ciertamente, el contexto internacional no nos ayudó mucho –el tapering, la caída del precio de nuestros productos de exportación y la lenta recuperación de nuestros socios comerciales-, pero también existieron cuestiones internas que dejamos pasar: tanto la inversión privada como la pública habrán permanecido estancadas en todo el año.

Pese a todo lo malo, no obstante, algo positivo ha quedado para el país. A mitad de año, cuando se hizo evidente que el crecimiento sería mucho menor al esperado, el Gobierno anunció un conjunto de medidas destinadas a enderezar la marcha de la economía. Varias de esas iniciativas han servido para darnos cuenta de lo mucho que un Estado engorroso e ineficiente puede trabar el crecimiento de la economía.

El primer paquete de medidas dispuso, principalmente, la agilización de permisos para proyectos de gran envergadura. El segundo permitió dotar de mayor liquidez a los consumidores. El tercero estableció cambios tributarios para dotar de mayor liquidez a las empresas. El cuarto se encargó de agilizar e incrementar tanto el gasto como la inversión pública. Y el quinto (el más importante de todos), finalmente, propuso una flexibilización notoria de los regímenes tributario y laboral. En el primer caso, disminuyendo el Impuesto a la Renta de tercera, cuarta y quinta categoría. En el segundo, creando un nuevo régimen laboral para los jóvenes de 18 a 24 años y reduciendo algunos costos asociados al despido de trabajadores.

Por primera vez en mucho tiempo, facilitar la inversión privada se convirtió en la prioridad para el Ejecutivo. Y eso es algo positivo. Sin embargo, pese a lo avanzado, el Gobierno debe seguir insistiendo en esta línea porque no estamos ni a mitad de camino. Para ello, no basta con diseñar las medidas precisas para mejorar las condiciones económicas del país, sino que es necesario que cree los consensos necesarios en el Congreso para que estas se aprueben. Es su responsabilidad, en definitiva, enrumbar de nuevo a la economía en la senda del crecimiento.

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