Infraestructura. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) maneja el mayor presupuesto para inversión pública, de modo que si su gasto se reduce o se estanca, las grandes cifras se verán afectadas. En el 2018, representó el 57% del total ejecutado por las entidades del Gobierno nacional. Aparte de los grandes montos –para este año serán S/ 8,323 millones–, las obras que realiza o entrega en concesión son de gran importancia económica, lo cual explica que los retrasos o la lentitud de los trabajos generen tantos reclamos.
El déficit de infraestructura vial es uno de los mayores obstáculos para que el Perú eleve su competitividad, y no todos los gobiernos han entendido que, para materializarse, los proyectos de carreteras y ferrocarriles necesitan mucho más que anuncios de cronogramas, que nunca se cumplen. Uno de los principales problemas es la expropiación de los predios que se ubican dentro de las áreas por donde pasarán las vías.
El titular del MTC, Edmer Trujillo, ha indicado que el año pasado se adquirieron 5,175 predios, por un total de S/ 507 millones, aunque hay que precisar que ese monto también incluye lo pagado por los que corresponden a aeropuertos. Asimismo, dicho número más que duplica el máximo previo (2,280), que fue registrado en el 2012.
Para el caso de las concesiones viales, el organismo que las supervisa (Ositran) ha identificado seis obstáculos, y en una acertada decisión, comenzará a discutir cuatro de ellos con las 16 empresas concesionarias: evaluación de expedientes técnicos, liberación de predios, tratamiento de las obras accesorias y control de pesos. A diferencia de las carreteras que construye el MTC y les da mantenimiento, las entregadas en concesión son de entera responsabilidad de las empresas que ganan las respectivas licitaciones.
Es por ello que el esquema de peajes es clave, pues es la manera en que recuperan su inversión. También es un tema muy sensible, sobre todo porque no se ha sabido comunicar convenientemente y no ha recibido el respaldo de las autoridades. Como consecuencia, en muchas ocasiones el Gobierno se ha visto obligado a ceder ante las protestas de los transportistas –empresas de carga y de pasajeros, y los gremios que las representan–.
Para que el transporte terrestre se modernice, además de expropiar predios, hará falta que también se actúe con más firmeza y que el diálogo reemplace a los paros y tomas de carreteras.