Editorial: Agenda pendiente

JUSTICIA. Hace una semana, en medio de críticas a su antecesor, Aldo Vásquez Ríos asumió la cartera de Justicia. Se trata de un académico, como él mismo se define, que además de abogado y especialista en ciencias sociales se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Al parecer, nadie más ajeno a los avatares de la política y, sin embargo, la labor que asume no será fácil. En la primera entrevista brindada, el ministro esbozó algunos desafíos para su gestión, entre los que estuvo el tema penitenciario, la inclusión en materia de justicia, las relaciones con otros organismos del sistema de justicia y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y la democracia. Este último punto será, quizás, el que más interés genere en la opinión pública.

La destitución de la procuradora Julia Príncipe ha dejado un sabor amargo y la percepción, tal como señalamos en esta columna, es que su salida fue por haber iniciado una investigación contra Nadine Heredia. Con estos antecedentes, al ministro Vásquez le toca asegurar la independencia de la Procuraduría de Lavado de Activos, y para ello debería, en el menor tiempo posible, nombrar a un reemplazo para Príncipe, ya sea ascendiendo a quien cumplía funciones de procuradora adjunta, Janet Briones, o eligiendo a otro profesional, con una carrera intachable que asegure una labor independiente y transparente.

Asimismo, debería velar por la continuidad de todo el equipo de profesionales que ha venido laborando en dicha procuraduría.

Sería interesante que desde el propio ministerio naciera una propuesta para dotar de mayor independencia a los procuradores.

Menos de nueve meses son los que Vásquez estaría en el ministerio, asumiendo que no haya nuevos cambios; poco tiempo para cambios profundos, pero suficiente para sentar las bases de una labor seria en una cartera que puede devolverle la confianza a la ciudadanía en que la "justicia" existe.

Esperamos que sus buenos deseos y su experiencia profesional le permitan cumplir con sus objetivos y garantizar la continuidad del Estado de Derecho con una adecuada transmisión de mando el próximo año.