Escribe: Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros
Una vez más parece que estamos en la recta final de este diálogo que permita aprobar una reforma del sistema de pensiones, pero hay algunos vacíos que son demasiado grandes como para no alertarlos. Aquí los dos principales.
1. Basta de tener un sistema de pensiones que no otorga pensiones. La reforma debería poner como prioridad rescatar el sistema de la penosa realidad en que prácticamente nadie se jubila con una pensión que reduzca el riesgo de pobreza en vejez. Es decir, tenemos un sistema de pensiones que no da pensiones. La reforma avanza de manera importante con la introducción de un esquema de garantías escalonadas de pensión mínima para quien haga el esfuerzo de aportar un número fijo de meses. Pero el predictamen que está en discusión propone no ofrecerle estas garantías a la mitad de los actuales afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Mediante una disposición transitoria se establece que la reforma solo se aplica a quienes sean menores de 40 años. Pero alguien menor de 55 años tiene el tiempo suficiente para registrar aportes y acceder a la garantía estatal. La reforma deja afuera a la mitad de los actuales afiliados, es decir, 4.3 millones de personas.
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Una posible razón de esta decisión es ahorrarse el potencial costo fiscal de la reforma. Evidentemente, al no ofrecer estas garantías a 4 millones de personas, el Estado se ahorrará una buena cantidad de dinero. Pero es importante hacer notar aquí que un error que ya se cometió en las dos reformas anteriores es ser excesivamente conservador en el uso de recursos fiscales. La consecuencia de dicho conservadurismo han sido varias generaciones de jubilaciones con pensiones muy bajas.
Desde que se aprobó la ley 95.5% más de 500,000 personas enfrentarán su vejez sin el amparo de un financiamiento cierto. Esto es prácticamente la totalidad de los que se jubilaron desde el 2016. Si se quiere seguir dando esa opción, que se haga como ocurre en el sistema israelí que se cobra una penalidad del 30% del total del fondo acumulado, el cual se destina a financiar las pensiones de las personas con menores ingresos.
2. El costo fiscal de la reforma no será hoy, será mañana. Evidentemente existe una preocupación en el MEF porque esta propuesta de reforma exige de varias maneras recursos fiscales. Pero aquí lo importante es tener claridad en tres temas respecto de dichos recursos: (a) cuándo serán exigidos, (b) a quién van dirigidos y (c) cuánta plata es. Por supuesto que no hay recursos ilimitados, así que no se puede soñar con garantías de pensión mínima de una UIT. Entonces, es importante dar esos recursos escasos a quienes más los necesiten (Pensión 65) y a quienes más esfuerzo extra de ahorro hagan por su cuenta para tener pensión (garantías escalonadas de pensión mínima). Las otras formas de dar recursos públicos (capital semilla, contribuciones equiparadas, devolución de impuestos) no son focalizadas, así que no deberían usarse ahora.
El MEF debe entender que las garantías de pensión mínima son promesas futuras, no son desembolsos que hoy aprieten las ahora debilitadas cuentas fiscales. Y son una pieza esencial en la reforma propuesta. No volvamos a hacer una reforma con la miopía de las anteriores, creer que la reforma no va a costar es inconcebible.
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