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En menos de un trimestre un gobierno débil, inhábil y con baja legitimidad ha generado grandes daños a la inserción externa del Perú en uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea.
Ello ocurre en un marco de pandemia que registra una de las peores tasas de mortalidad por millón de habitantes en el mundo y con una perspectiva de crecimiento económico (4.6%) por debajo del promedio de la proyección mundial para economías emergentes y en desarrollo en 2022 (5%) (FMI).
De la total impermeabilidad gubernamental a los estragos causados por la incertidumbre y desconfianza derivados de su propio comportamiento ya se han encargado Fitch, SP y Moddy’s degradando la calificación de nuestra deuda soberana o colocándola en tendencia negativa.
A pesar de ello, el nombramiento del directorio del BCR se ha prolongado más allá de lo requerido mientras otros de los baluartes institucionales del Estado, la Cancillería, ha mostrado fuerte propensión al desmanejo.
En efecto, no obstante haber permutado un canciller excéntrico por otro del Servicio Diplomático, éste viene desempeñando el cargo político con sorprendente distorsión de los intereses nacionales. Y, en lugar de orientar a un presidente desconocedor del sector externo, éste se ha prestado a seguir sus preferencias ideológicas.
Así el canciller, luego de declarar que las opciones del Perú son sólo “principistas”, ha procedido a deponer la defensa colectiva de la democracia representativa y la atención de los derechos humanos al reconocer al dictador venezolano.
Al hacerlo, depuso también la posición peruana de no reconocer a ninguna autoridad en Venezuela luego de finalizado el mandato transitorio de Juan Guaidó, contradijo el apoyo peruano a la denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y debilitó a la oposición en las negociaciones por una salida pacífica que intermedia Noruega.
Y para implementar esas decisiones contrarias al interés establecido en el marco del Grupo de Lima y fundado en nuestra tradición reciente, el canciller contribuyó a designar a un personaje que no sólo no cumple con los requisitos señalados en la ley del Servicio Diplomático sino que, por sus antecedentes penales, hoy está impedido de salir del país.
Por lo demás, no se tiene conocimiento sobre alguna iniciativa orientada a que el Sr. Castillo deponga el trato preferencial que otorga a Evo Morales cuando éste realiza actos de injerencia mientras sus agentes predican, en el sur del Perú, la “plurinacionalización” del vínculo peruano-boliviano y su expansión a Chile y Argentina (Panorama).
Como tampoco hay noticia sobre la posición de Cancillería en la lucha contra el narcotráfico ni sobre la marcha de nuestros vínculos de cooperación externa en la materia a la que se opone abiertamente el muy cuestionado ministro del Interior y algunos congresistas.
Si el gobierno no rectifica esta conducta su legitimidad externa será pronto otorgado sólo por potencias euroasiáticas, asiáticas y los países del ALBA.
