Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
Este año, los desarrolladores inmobiliarios peruanos venderán aproximadamente 11 mil viviendas en Lima, nivel similar al del 2021 y muy por debajo del promedio anual de 20 mil viviendas. Esta cifra –como ocurre frecuentemente– no será suficiente para cubrir la amplia demanda de inmuebles, y es que cada año se forman unas 142 mil nuevas familias, que requieren acomodarse en viviendas de calidad en distintos tamaños y formatos.
Pero este problema se acentúa aún más si tomamos en cuenta que solo el 7% de la expansión urbana en el país es formal. Así, las familias que no logran acceder a una vivienda formal quedan a merced del sector informal, agravando la situación, debido a que terminan optando por espacios hacinados o, incluso, incurren en autoconstrucción, con poco control de las autoridades y falta de servicios básicos.
Este panorama se aprecia con mayor fuerza en los segmentos C y D, donde se concentra el gran déficit habitacional del país. Esta situación confirma una teoría que cada vez toma más fuerza: la oferta debería concentrarse en los productos Techo Propio (hasta S/ 107,000) y MiVivienda (de S/ 107,000 a S/ 446,200)
Lamentablemente, pese a que los problemas del sector son evidentes y gran parte del mercado sepa qué correcciones se deben ejecutar para superar esta realidad, el Gobierno continúa promoviendo la informalidad en el rubro, olvidándose de la rentabilidad social de la que tanto habla. A ello se suma la inestabilidad política y económica, que vienen perjudicando el correcto desempeño del sector inmobiliario.
Nuestras autoridades deben ser conscientes de que no habrá desarrollo inmobiliario suficiente en el Perú si no hay políticas claras de estabilidad y fomento de inversión, con muestras de respeto a la estabilidad jurídica y económica, e impulsando la estabilidad política. Las autoridades deben dar señales claras en esa línea. A partir de ello, se podrían tomar decisiones que permitan reducir el déficit habitacional, con acciones efectivas. ¿Qué acciones son necesarias para impulsar al sector?
En primer lugar, y tomando como base los segmentos donde se concentra el déficit habitacional, se debe fortalecer el programa MiVivienda con un mayor presupuesto y con capacidad de gestión. Este programa requiere de S/ 502 millones adicionales al presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para colocar 15 mil Bonos del Buen Pagador y 20 mil Bono de Adquisición de Vivienda. Esta decisión debe partir del propio Gobierno y volverla parte de una política de Estado.
El no contar con recursos definidos para el año genera incertidumbre para los desarrolladores de vivienda de interés social inviertan, esta incertidumbre es el mayor freno para que las personas tengan una vivienda digna.
El Gobierno debe tomar la decisión de apoyar estos programas con subsidios suficientes que no frenen el desarrollo. Es necesario un presupuesto multianual. Las autoridades tienen que percibir a los programas de bonos de vivienda como una inversión y no como un gasto.
Por otro lado, la falta del acceso al crédito hipotecario de las personas del segmento C y D es un problema para el sector. Por ese motivo, se necesita ampliar la colocación de créditos, así como el número de instituciones financieras y subsidios del Fondo MiVivienda para la producción de viviendas nuevas dirigidas a los sectores más bajos.
La receta ya está dada: el Gobierno debe corregir el camino y no apoyar al sector informal y la autoconstrucción. Por el contrario, fomentar al sector formal de construcción con proyectos masivos y con el fortalecimiento de los programas de financiamiento es la única solución para que cada vez más peruanos accedan a una vivienda digna.