Decisión con riesgos para el sector espacial

Por Carlos Caballero León, ingeniero de construcciones aeronáuticas por la École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques ENSICA, de Toulouse, Francia

Evidentemente el Perú tiene una enorme brecha en infraestructura por cerrar con el concurso de la inversión pública y privada. Pero, ¿qué ocurre cuando iniciativas de diferentes sectores se contraponen? Este parece ser el caso del proyecto de construcción de un muelle en Pucusana, con una inversión privada estimada en 40 millones de dólares, de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Resulta que por Ley 28799 del año 2006 se declaró de interés nacional la creación del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS), desde donde hoy se opera el satélite PerúSAT-1, el más avanzado de la región y la más alta tecnología en nuestro país.

Dependiente del Ministerio de Defensa, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) ha invertido fondos públicos por 185 millones de dólares en este sistema que en tres años de operación ha permitido un ahorro de 244 millones de dólares, sólo en el rubro de información espacial que antes el Estado compraba en el mercado comercial y ahora es suministrada gratuitamente. El sistema tiene una vida útil prevista hasta el año 2026, y se considera que el PerúSAT-1 será uno de los proyectos más rentables en la historia nacional.

Sin embargo, la locación prevista para la construcción del muelle en Pucusana termina siendo vecina de las instalaciones del CNOIS. Ello trae una serie de riesgos como la ausencia de vías que obliga a la empresa propietaria de la iniciativa a solicitar la cesión de terrenos del CNOIS para la construcción de las calles de acceso, polución, vibraciones mecánicas, inseguridad, y emisiones electromagnéticas de los buques que podrían interferir los enlaces de control y operación del PerúSAT-1. Como ejemplo, una reciente interferencia de señales de una empresa de telecomunicaciones dañó la recepción de imágenes satelitales por un monto estimado en 12 millones de dólares.

Ante esta problemática, ¿qué resolver?, ¿cancelar o autorizar el proyecto del muelle? De concretarse sin considerar los riesgos identificados, ¿quién se haría responsable de la eventual afectación de uno de los sistemas nacionales más exitosos y útiles? Esperemos de las autoridades encargadas de resolver el asunto una decisión muy prudente. La opinión pública se mantendrá atenta a los resultados.