, Director periodístico
El viernes, nuestra portada no se anduvo en medias tintas: el empleo en Lima Metropolitana creció en su nivel más bajo en 26 meses en el trimestre móvil de marzo a mayo. Por si fuera poco, producto de la inflación, el ingreso mensual promedio de los trabajadores, en términos reales, se contrajo en 8.9% frente al de la prepandemia, pese a un alza nominal que podría hacer suponer lo contrario. Y si acaso la esperanza podría situarse en el futuro inmediato, en abril, la caída de las importaciones de los insumos industriales y bienes de capital no anticipa ni por lejos una recuperación de la inversión privada —nuestra principal fuente de empleo formal y de calidad— en lo que resta del año.
Es cierto que, tras los meses de conflictividad social y avalanchas climáticas —todavía latentes—, es tiempo de una relativa tranquilidad política: no hay una amenaza dura de vacancia ni el habitual enfrentamiento fulminante entre los poderes del Estado que han marcado la pauta del país en los últimos años. Pero la verborrea populista de las autoridades —a veces congresistas, otras alcaldes o viceministros—, ejercida con despacho y desparpajo, se convierte constantemente en amenazas de todo calibre en contra del entorno de negocios, ya sea general o sectorial. Allí, donde los sesgos ideológicos y la sobrevivencia política se conjugan, el análisis técnico es precario y hasta ausente.
Es materia noticiosa cada semana aquí, donde nuestro deber es lanzarle las advertencias. Estamos a la espera de una reforma previsional que no acabe con el sistema, como es el sueño delirante de una congresista ya innombrable que pretende, por la fuerza, el cierre de las AFP y el retorno a la administración estatal. La Comisión de Trabajo apunta, además, a multiplicar por cuatro el interés que pagan las empresas por deudas laborales —el martes aprobó un predictamen—, en su obsesión eterna por apretar más al sector formal y sin acciones que contribuyan, más bien, a reducir el informal, que no paga impuestos ni brinda las condiciones a sus trabajadores para un retiro digno.
Aguardamos por una regulación de la electromovilidad que haga posible su despegue en el Perú y llama la atención los argumentos del MEF, cuyo vocero le dijo a Gestión que, dado que los autos eléctricos tienen tickets altos, “no podemos dar ese beneficio a personas con capacidad para comprar a ese precio”. ¿Acaso no es su deber pensar en el beneficio colectivo medioambiental, más allá de quien resulta ‘beneficiado’? ¿No se trata, más bien, de que, a través de beneficios tributarios, le quitemos los precios prohibitivos a los autos menos contaminantes? Esta semana, en paralelo, el viceministro de Energía se mandó contra las generadoras eléctricas, a quienes acusó, sin evidencia, de un abuso de poder de dominio que mantiene los precios altos, en perjuicio de los consumidores.
Hay para todos los gustos. Más allá del escenario político, hacer negocios en el Perú es un deporte de riesgo. ¿Cómo vamos a reactivar así la inversión privada, el empleo y el crecimiento del país?
