Escribe: Mercedes Araoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico.
En nuestro país la falta de consensos y la polarización son una constante que nos abruma y nos quita perspectiva de largo plazo. Los desacuerdos entre economistas no son la excepción, tenemos muchas divergencias al aproximar nuestras recomendaciones de política en diversos temas que atañen al desarrollo del Perú. Sin embargo, sí existe consenso entre prácticamente todos los economistas en el país, en que debemos preservar la consolidación fiscal. Esta ha sido una de las virtudes del modelo macroeconómico peruano -además de la política monetaria- que han permitido nuestra estabilidad y crecimiento económicos en las últimas décadas.
El Perú ha sido capaz de garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas a largo plazo manteniendo un nivel de endeudamiento bastante bajo (hoy alrededor del 35% del PBI), a través de un manejo muy disciplinado de la caja fiscal, a pesar de todas las presiones que sobre ésta se han generado a lo largo del tiempo, incluso en momentos como la crisis financiera global del 2008 o el fin del super ciclo de precios de los commodities. Esta disciplina ha permitido lograr la confianza de los mercados financieros del mundo en la economía peruana y lograr el grado de inversión desde el 2008 y no perderlo aún, a pesar de los descalabros políticos que vivimos desde el 2016.
Cada vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho sus supervisiones sobre la situación económica del país y sus políticas económicas ha resaltado este aspecto, aunque en años recientes ha insistido en que preservemos esta disciplina mejorando las normas referidas a ella (Consultas del Articulo IV del FMI). Esta confianza se traduce en el acceso al crédito a tasas mucho más bajas que muchos otros países, a plazos mucho más largos e incluso en moneda nacional. Esto significa un perfilamiento de la deuda pública peruana y generación de ahorro -por ejemplo, el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)- que les da un aire a las cuentas fiscales en momentos de dificultad y, a su vez, permite que el sector privado pueda también endeudarse en mejores condiciones y financiar a tasas menores sus actividades productivas, el microcrédito y hasta las hipotecas del ciudadano promedio. El resultado es una economía con un crecimiento sólido que reditúan mayores ingresos públicos para ofrecer más y mejores servicios públicos a la población.
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La consolidación fiscal es, por tanto, un proceso de creación de confianza de un país a través de un manejo prudente del gasto público, limitando su crecimiento inorgánico o no sostenible a largo plazo y, también, a través de políticas para la generación de mayores ingresos públicos, sea por la vía de aumentar impuestos o engrandecer la base tributaria. Perú se autoimpuso una Ley de Transparencia y Prudencia Fiscal, de cumplimiento tanto para el gobierno general como para los gobiernos subnacionales, con reglas numéricas como la restricción de un déficit fiscal no mayor al 1% del PBI o de un crecimiento del gasto no mayor a la inflación más 2%, entre otras. Se creo el FEF y se le dio cabida a una política fiscal contra cíclica y normas de transparencia y rendición de cuentas explícitas.
La propia Constitución, en su artículo 79 señala, explícitamente, que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa de gasto, aunque en una reciente interpretación sui generis, el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de este principio fundamental, afectando gravemente el devenir del manejo prudente del gasto público. Todo el capítulo IV de la Constitución establece pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo para el manejo tributario y presupuestal que permite darle eficiencia y transparencia. Sin embargo, desde la pandemia vemos un creciente desorden en ese manejo, con un Legislativo creando gastos corrientes permanentes (por ejemplo, contrataciones de personal, aumentos de remuneraciones y otros, sin una evaluación de la capacidad del Estado para poder sostener esos gastos).
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Por el lado del Ejecutivo, que no observa estas iniciativas, se salta su propia regla fiscal por segundo año consecutivo – a Julio el déficit fiscal anualizado llegó a 4%, el más alto desde 1995, sin contar la pandemia– superando el límite del 2.8% señalado por la regla fiscal. Es imposible bajar ese déficit en los próximos 4 meses, más aún cuando el propio Ejecutivo aprueba un crédito suplementario para contentar al Congreso y a los gobiernos subnacionales.
Tampoco son viables las propuestas de subir el nivel de deuda para financiar obra pública o hacer políticas industriales a la vieja usanza, sin considerar que esto afecta nuestra evaluación de riesgo país. El recientemente publicado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) se plantea perspectivas muy optimistas, en años preelectorales de mucha incertidumbre para la inversión privada, con lo que sobredimensionan el presupuesto del 2025. Todo esto puede tener consecuencias muy negativas, si no tomamos medidas para potenciar la inversión privada y mejorar la recaudación, afinar la calidad del gasto y las inversiones públicas y retomar la senda de la consolidación fiscal del país.
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