Por Elard Dianderas, socio del Estudio Muñiz
Desde la publicación del D.S. 044-2020-PCM las labores de los gobiernos locales han sido -en la mayoría de los casos- para destacar, más aún si tenemos en cuenta el limitado presupuesto con el que han contado para afrontar la emergencia sanitaria.
Los municipios continuaron -ya sea por iniciativa propia o a pedido del Gobierno nacional- en las labores de limpieza pública y ayudaron de manera significativa en la fiscalización y verificación del cumplimiento de las medidas impuestas para asegurar el aislamiento social y limitar la movilización de las personas dentro del horario establecido.
El personal municipal, junto con las FFAA y la PNP han expuesto su salud e integridad en salvaguarda del bienestar de la sociedad.
Sin embargo, no debemos olvidar ni pasar por alto cómo se venían comportando antes de la crisis generada por el COVID-19. Específicamente, nos referimos a las injustificadas dilaciones en los procedimientos administrativos y en los excesos cometidos durante las inspecciones de fiscalización a los establecimientos comerciales.
Recordemos, además, que de acuerdo a la información brindada por el Indecopi y la Cámara de Comercio de Lima, los gobiernos locales son las entidades públicas que más denuncias han recibido por generar alguna barrera burocrática.
Ahora bien, la pandemia del COVID-19 no solo ha generado una crisis sanitaria a nivel nacional. El impacto en la economía del país y su desarrollo ha sido por demás preocupante. Los entendidos en la materia estiman que el retroceso económico podría llegar a incluso a una contracción del 11% del PBI, por lo que podría ser calificada como la peor caída en los últimos 100 años.
Teniendo en cuenta esta preocupante proyección, la dinámica entre los entes fiscalizadores y el empresariado debe cambiar. Específicamente, en lo que se refiere a las municipalidades en general, la política de ser una institución que prioriza la aplicación de multas administrativas y de las medidas complementarias de clausura o paralización, debe cambiar de manera radical.
Si bien la preocupación de asegurar el cumplimiento de la normativa es una prioridad, el daño que podría generarse por la aplicación de una sanción desmedida podría condenar a muchas empresas a desaparecer del mercado. No debemos perder de vista que, por un periodo de casi tres meses, se ha tenido muy poca o casi nula actividad económica, lo que se ha traducido en la disminución significativa de los ingresos del empresariado.
De esta manera, tanto el sector público como privado deben tener como prioridad el mantener la mayor cantidad de empresas a flote y buscar con ello preservar los pocos empleos formales con los que el mercado peruano cuenta.
Con esta propuesta no pretendemos que las empresas formales son sean rigurosamente fiscalizadas, sin embargo, el daño que podría causar un accionar punitivo desmedido e irrazonable, puede ocasionar daños irreparables en una economía que enfrenta sus días más críticos.
Se trata, sin dudas, de un escenario sumamente complicado que enfrentarán los funcionarios municipales, pero estamos convencidos que asumirán el reto con la responsabilidad que el caso amerita.