No hay pruebas: ni con quiénes concertaron, ni cuándo ni dónde, ni cómo se favorecieron. Sí hay, en cambio, declaraciones de los colaboradores eficaces a su favor, que son selectivamente ignoradas. (Foto: Luis Gonzales)
No hay pruebas: ni con quiénes concertaron, ni cuándo ni dónde, ni cómo se favorecieron. Sí hay, en cambio, declaraciones de los colaboradores eficaces a su favor, que son selectivamente ignoradas. (Foto: Luis Gonzales)

Por suerte, existe la presunción de inocencia, aunque poco importe en el Perú. Y aunque poco importe para el fiscal José Domingo Pérez, que en el caso de Alberto Pasco Font y Sergio Bravo Orellana se equivoca o —lo que es peor y cuestionable— se equivoca adrede. A lo largo de los últimos seis años, ha menoscabado públicamente la honra de estos dos profesionales, con una acusación criminal que nunca logró sustentar y de la que solo hay evidencia de que es un fiasco. ¿Por qué? Para lograr su cometido de extraditar a Alejandro Toledo, sin salvaguardar otra reputación más que la suya.