Economista
1. La necesidad o no de cambiar de Constitución ha sido extensamente tratada por políticos, juristas y analistas. De hecho, muchos de nuestros futuros congresistas consideran que la Constitución de 1993 debe sustituirse por una nueva, mientras que otros tantos se oponen tajantemente a esta idea. De convocarse a una Asamblea Constituyente, pronto aprobaríamos la decimotercera Constitución del Perú (en promedio, una cada 15 años de vida republicana). El texto constitucional actual tiene menos de 30 años de vida. Durante su vigencia se registró un gran progreso en muchas áreas; pero también se desatendieron muchos problemas, que hoy nos pasan la cuenta.
2. ¿Nos habría ido mejor con la Constitución de 1979? Difícilmente, pues el problema no reside en la Carta Magna (de hecho, en muchos capítulos ambas son muy parecidas). Pensar que los grandes problemas del Perú se arreglarán o se comenzarán a resolver con un cambio de Constitución es, cuando menos, ingenuo.
3. A corto plazo, los problemas apremiantes son la crisis sanitaria y la económica: la falta de vacunas, el colapso de la salud pública, la pérdida de empleo y la reducción de ingresos. Esto genera desesperanza, frustración y rabia. Convocar a una Asamblea Constituyente para que delibere durante un año y, en el mejor de los casos, tener una nueva Constitución en el año 2023, no resolverá absolutamente nada en estos dos años críticos que tenemos por delante –incluso contribuiría a generar más incertidumbre y a postergar la reactivación económica.
4. Resulta paradójico que en el Perú –un país donde la ley no impera– muchos piensen que para arreglar nuestros problemas se requieren nuevas leyes e invertir recursos en elaborar una nueva “ley de leyes”. Pero eso no es todo: el Perú posee un aparato estatal fuertemente disfuncional, donde el Estado no cumple con su rol esencial de proveer bienes y servicios públicos básicos –como salud, educación y seguridad– y, pese a ello, muchos piensan que lo que necesitamos es que este Estado disfuncional abarque más actividades, aumentando su participación en la economía.
5. En los próximos debates entre los dos candidatos a la presidencia seguramente se tratará el cambio de la Constitución Política del país. El Sr. Castillo considera indispensable cambiar el texto constitucional. En su plan de gobierno, dicho cambio ocupa un lugar protagónico, así lo demuestran los dos primeros capítulos de su plan. Se propone expandir el rol del Estado, nacionalizando empresas e interviniendo masivamente en el quehacer económico, aunque no se menciona cómo se va a gestionar la crisis sanitaria o generar puestos de trabajo. En contraposición, el plan de gobierno de Fuerza Popular comienza y termina refiriéndose a la Constitución de 1993, a la cual llama “Constitución de la Prosperidad”. Ni atisbo de cambiar el texto constitucional ni de introducir mejoras al mismo. Sin embargo, los dos primeros capítulos plantean cómo enfrentar el problema económico y sanitario en el corto plazo.
6. Gobernar a un Perú en crisis durante los próximos años no será tarea fácil. Cunde la desesperanza y en este contexto algunos promueven el enfrentamiento, sin pensar en las necesidades de las mayorías. No es lo que requerimos. Como tampoco necesitamos volver a cambiar de Constitución –sin que esto implique que no se puedan introducir mejoras a la actual–, lo que necesitamos a gritos es mejorar la gestión del Estado. El problema no está en las leyes, sino en la gestión y en los gestores. Exijamos que los candidatos nos presenten a sus equipos de gestión, acompañados de propuestas concretas.