Gerente de Inversiones Bottom Up de AFP Integra
En los últimos años hemos sido testigos de una corriente de pensamiento en el ámbito de las inversiones que promueve a las empresas enfocar sus esfuerzos en el beneficio de todos sus stakeholders, en contraposición al enfoque tradicional, orientado a beneficiar al accionista. Esto está ligado a incorporar métricas que tomen en consideración la protección medio ambiental, social y de Buen Gobierno Corporativo (las siglas ASG), ya que hacerlo se traduce en mejores retornos ajustados por riesgo y genera mejores resultados para la empresa y mayor progreso para la sociedad (Clark, et al., 2015; Friede, et al., 2015). Sin embargo, existen muchos retos para lograrlo, más aún en países emergentes como el nuestro.
Para empezar, es importante recordar que el concepto ASG en inversiones es relativamente reciente y fue forjado bajo la perspectiva de países desarrollados (MacLeod, 2007). No obstante, los países emergentes tienen una estructura económica, política y social muy diferente. Entonces, ¿podríamos asegurar que el concepto ASG es de carácter global y su aplicación es igualmente beneficiosa en nuestros países? ¿Nos hemos preguntado si potencialmente algunas de dichas métricas podrían tener algún efecto colateral?
En primer lugar, es importante tomar en consideración los diferentes contextos de ambos mundos y tener una visión crítica y realista de sus limitaciones. Debemos considerar que muchos países emergentes son aún incipientes en su desarrollo industrial y dependen, en gran medida, de industrias extractivas, lo cual significa que están más expuestos a los ciclos globales, pues no controlan los precios. En mercados desarrollados, por el contrario, existe una diversificación de fuentes de ingresos en la economía y la industrialización permite manejar no solo la estructura de costos sino también definir precios a sus productos. En segundo lugar, los índices de pobreza y los de disparidad de los ingresos en la población son más altos en países emergentes dependientes de commoditties (Sachs & Warner, 2001), mientras que en países desarrollados, la clase media es mucho más amplia y solvente. Finalmente, la formalidad de la economía es mucho más baja en países emergentes, lo cual limita en gran medida la efectividad de las herramientas de los Gobiernos para reactivar dichas economías haciéndolas más dependientes de factores exógenos.
En tal sentido, y como consecuencia de dichas diferencias, es natural que las perspectivas y prioridades de las personas e instituciones de ambos mundos sean distintas. ¿Sucede lo mismo con las métricas ASG? Es probable. Por ejemplo, en 2007, MacLeod ya indicaba que debido a estas diferencias estructurales, en países emergentes la sensibilidad al factor social es más alta porque dichos problemas son más visibles, mientras que en mercados desarrollados, dicha falencia no es tan notoria y el tema medio ambiental tiende a cobrar mayor interés.
Sabiendo esto, ¿cómo es que estamos seguros que el enfoque ASG a sectores extractivos es coherente con nuestra realidad? ¿Qué factores adicionales deberíamos considerar en nuestros países sin perder de vista los objetivos centrales de dichas políticas? ¿Deberíamos ser más flexibles en las metas o quizá ser más activos promoviendo soluciones? ¿Deberíamos prohibir inversiones en sectores contaminantes o promover el financiamiento de tecnología que limita dicha contaminación? ¿Deberíamos considerar adicionalmente a ASG el impacto económico en los países en términos de crecimiento y generación de empleo? Existen muchas preguntas que van a tener respuestas distintas dependiendo del contexto y perspectiva de la persona o institución que responda. Nos toca enfocarnos en el fondo, que es buscar la sostenibilidad de nuestra sociedad y planeta, pero entendiendo las diferencias. Nos toca ser críticos y no aplicar “la misma medicina”, porque probablemente obtengamos un resultado inesperado. Nos toca pensar y luego actuar.