El servicio de saneamiento, clave para una buena salud, es provisto junto con el servicio de agua. Lo damos por descontado, y muchos no sabemos ni siquiera cuánto pagamos por él.
Proveer el servicio de agua y alcantarillado es complejo -captar el agua de la fuente, potabilizarla y distribuirla hasta los domicilios y, luego, recoger las aguas residuales, tratarlas y disponerlas- y costoso. Al ser un servicio esencial, es lógico que se subsidie para que sea accesible a toda la población. El subsidio a los servicios de agua y saneamiento debe ser visto como una inversión en salud pública y bienestar que asegure que, cuando esté disponible, todos utilicen este servicio.
En el Perú gracias a la reforma tarifaria del 2015 que propuso subsidios cruzados focalizados utilizando información de ingresos por manzanas, se logró un mayor apoyo a los hogares más vulnerables (los dos estratos con menores ingresos pasaron de recibir 28% a recibir 37% de los subsidios totales). A pesar de ello hay que reconocer que estos subsidios no llegan se limitan a atender a una pequeña parte de la población, ni van exclusivamente a los estratos más necesitados. Según la Superintendencia de Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en el 2021, el 97% de los usuarios domésticos del Perú recibía algún subsidio por el servicio de agua y saneamiento. En Lima el 75% de los usuarios domésticos de Sedapal pagaban apenas el 50% del costo medio del servicio. Casos similares se daban en Arequipa, Huaral y Tacna, mientras que en otras zonas los subsidios subían hasta 91% del costo medio. El monto del recibo de agua (y desagüe) podría perfectamente duplicarse para cubrir el costo real del servicio.
Pero hay muchos ciudadanos que no tienen el privilegio de contar con el servicio y recibir el subsidio. En el Perú hay 3.4 millones de personas que no tienen agua y 7.6 millones que no tienen saneamiento. Solo en Lima, más de 1 millón de personas no cuenta con conexión a la red pública de saneamiento.
¿Qué soluciones hay para ellos? La solución es que sean incorporados a la red pública, lo que desgraciadamente no sucederá en el corto, ni mediano plazo. La inversión requerida para cerrar la brecha de agua y saneamiento al 2030 es de 100 mil millones de soles. Anualmente se necesita invertir 4.5 mil millones de soles solo para mantener la infraestructura existente y 8 mil millones adicionales para desarrollar nuevas conexiones, cifra muy por encima del presupuesto anual para este fin (unos 6 mil millones, de los que se ejecutan unos 4 mil millones).
Pero, el problema no es solamente de dinero. La infraestructura y los servicios de agua y saneamiento enfrentan serios problemas de calidad (limitadas horas de servicios, cortes imprevistos, provisión de agua no segura, etc.) y crecientemente esta no se adecúa a las condiciones del entorno ni tiene la escala que se requiere. Un proyecto de infraestructura de agua y saneamiento toma en promedio 10.4 años y la disponibilidad de recursos hídricos cambia de un año a otro, como también el tamaño, distribución y patrones de consumo de la población.
Estos desafíos -tarifas que no cubren costos, limitados recursos para invertir, inversiones que no se adecúan a las condiciones y demanda existente y que no aseguran servicios de calidad- exigen no solo más esfuerzos, sino también esquemas alternativos de provisión de servicios para garantizar agua y saneamiento seguros.
Para la provisión de agua en zonas periurbanas, por ejemplo, mal que bien se han adaptado soluciones no convencionales como tanques y camiones cisternas (con todas las mejoras que aún deben hacerse a este sistema); sin embargo, en estos mismos lugares no se han—l logrado soluciones alternativas para el alcantarillado o la remoción de excretas de los hogares.
La buena noticia es que sí hay alternativas que funcionan. Hace casi 15 años, el Saneamiento por Contenedores (SPC) surgió en diversas partes del mundo como una alternativa de saneamiento fuera de la red de alcantarillado, particularmente relevante para zonas periurbanas de geografía compleja, escasos recursos hídricos, propensas a desastres naturales y con gran densidad poblacional. En el 2018, el Joint Monitoring Program de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconocieron el SPC como saneamiento seguro y, desde entonces, varias ciudades lo utilizan para reducir las brechas en saneamiento. En el Perú, algunas empresas sociales ya ofrecen este servicio, gracias al esfuerzo de los usuarios y a su capacidad de sumar aliados y donantes a la causa de ofrecer baños dignos, seguros y saludables.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está elaborando la Política Nacional de Agua y Saneamiento que considera aumentar la cobertura de agua con tecnologías no convencionales. Ojalá la provisión de saneamiento corra la misma ruta y se ponga por delante el bienestar de millones de personas que requieren soluciones hoy, mientras esperan que llegue su conexión a la red de desagüe.
