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Socio de Macroconsult
En los últimos días San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la capital, ha venido experimentando severas restricciones al servicio de agua afectando a una proporción importante de los vecinos. Según Sedapal, el impacto podría haber alcanzado a casi el 40% del millón doscientos mil habitantes que residen en esa zona de la ciudad. Es decir, en plena pandemia 450 mil personas no tuvieron un acceso adecuado a este servicio básico por un lapso de al menos 10 días.
La noticia es de particular relevancia no solo por las consecuencias económicas y sociales en el distrito, sino porque pone de manifiesto el grave problema de acceso al agua y saneamiento que aún aqueja a las zonas urbanas del Perú. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, en Lima Metropolitana al año 2020 casi el 30% de los hogares o bien no tuvo acceso a agua potable por red pública o si es que la tuvieron, presentaron algún tipo de problema de continuidad (falta de servicio algún día o algunas horas en el día).
Asimismo, al año 2019 en el 27% de las viviendas estudiadas los niveles de cloración del agua identificados fueron subóptimos.
La situación es incluso más grave al interior del país, donde las brechas anteriores pueden hasta duplicarse.
La falta de acceso al agua de forma segura y continua es una manifestación de vulnerabilidad crítica y, luego de la delincuencia, uno de los síntomas más evidentes de pobreza urbana. Su manifestación más dramática ocurre en el ámbito de la salud, en particular sobre el riesgo de que los niños menores de cinco años sufran de enfermedades diarreicas agudas y a partir de ahí que se deterioren sus niveles de nutrición y desarrollo temprano.
Sobre este punto, en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una revisión de la literatura especializada y encontró que, dependiendo del tipo de soluciones provistas, mejorar la calidad en el acceso a agua podría significar una reducción entre 11% (soluciones básicas) hasta 73% (soluciones complejas) el riesgo de que una familia sufra diarrea. Más aún, en el mismo estudio, la institución argumentó que servicios óptimos de agua, saneamiento e higiene pudieron haber prevenido en 2012 más de un 5% de muertes de niños menores de cinco años en países de ingresos medios y bajos.
El Perú como firmante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha comprometido a revertir las brechas en el acceso a agua. Específicamente, el compromiso adquirido es que al año 2030, el país deberá “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”.
Este no es un compromiso menor, ya que implica que en los próximos 9 años no solo se deberá promover la construcción de infraestructura, sino garantizar el mantenimiento y operación eficiente de los servicios.
