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Esperemos que el voto de confianza mayoritario del Congreso al gabinete Martos, sea un indicador de mayor estabilidad y de políticas públicas coordinadas entre el Ejecutivo y el Congreso. En ese sentido, confiemos en que las innecesarias interpelaciones a los ministros de Educación y Economía y Finanzas no conlleven a censuras, y que el Congreso deje de impulsar iniciativas fuertemente distorsionantes y en muchos casos abiertamente inconstitucionales.
Pero centrémonos en el Ejecutivo, responsable de conducir las medidas de salud y económicas. Las cifras muestran hasta el momento que el Perú está entre los países del mundo con los peores indicadores en ambos frentes: fallecidos por millón de habitantes, contracción económica, destrucción de empleo, (proyección de) incremento relativo de pobreza y pobreza extrema, entre otros. Peor aún, los indicadores de casos y fallecidos muestran una significativa aceleración, como se anticipó que ocurriría desde distintos frentes.
Es cierto que existían profundas brechas, pese al incremento en los presupuestos del sector salud en los años previos a la cuarentena. Por ello, la cuarentena generalizada y prolongada tenía por objetivo reducir la tasa de propagación de contagios (factor R) y comprar tiempo para el incremento en la capacidad de atención (camas y UCI), objetivo que se logró parcialmente, pero no se utilizó adecuadamente en el otro objetivo prioritario de generar condiciones más seguras para la reapertura. Ello debido a la ineficacia y vacíos de las políticas sanitarias: pruebas inadecuadas (rápidas) para detección combinado con bajo uso de pruebas moleculares (la quinta parte en términos per cápita que Chile), ausencia de seguimiento de casos y de políticas de aislamiento, tardías e insuficientes medidas de control de focos de contagio, atención a indicadores engañosos de fallecidos y casos para medir la evolución de la epidemia, entre otros.
“Las decisiones del Gobierno en los próximos doce meses tendrán un efecto imperecedero en el bienestar de los peruanos. Pueden ayudar o sumirnos en una crisis más profunda”.
Tampoco existió la articulación debida entre las medidas sanitarias y las económicas. El dilema entre salud y economía se ha amplificado, innecesariamente, por estas razones. Esperemos que las nuevas medidas restrictivas recién anunciadas vengan acompañadas de acciones que conlleven a un cambio de estrategia, pues más de lo mismo no va a funcionar. En ese sentido, los recientes anuncios de la nueva ministra de Salud, empezando por guiarse por los indicadores adecuados para la toma de decisiones, son un buen comienzo.
En cuanto a la economía, la evolución de los indicadores está evidentemente supeditada, en parte, a lo que ocurra en el frente sanitario. Pero la respuesta económica también impacta en la evolución de la epidemia. Hubo múltiples oportunidades en estos meses para que el Gobierno plasme una estrategia de política económica, que explicite no solo los estimados y proyecciones oficiales, sino las medidas, firmes y contingentes ante escenarios de riesgo, para enfrentar la situación. Anuncios aislados, discrecionales, reactivos y oportunistas, no son una estrategia. Esto resta predictibilidad y, por tanto, añade incertidumbre innecesaria a hogares y empresas.
Esta incertidumbre, a su vez, induce comportamientos proclives a acentuar tanto la propagación de contagios como el daño económico. Hogares que viven del día a día, y no saben si recibirán o no un bono para poder sostenerse, cuándo, con qué frecuencia y por cuánto tiempo, tenderán a incumplir las medidas de aislamiento, como efectivamente ha ocurrido. Asimismo, la ausencia de una estrategia laboral adecuada a una situación de fuerza mayor (idas y venidas en suspensión perfecta, ausencia de mecanismos de apoyo condicionados a mantener vínculos laborales, entre otros), deviene en despidos y quiebras. Programas públicos de empleo temporal, si bien son necesarios, son claramente insuficientes pues la mayor parte del empleo es privado.
Hace cuatro meses se tomó la errada decisión de no publicar el documento con la política económica de gobierno (el último Marco Macroeconómico Multianual, MMM, data de agosto de 2019). Países como Chile o Colombia, por ejemplo, han cumplido con publicar sus estimados, proyecciones y estrategias, en los plazos y condiciones requeridos, yendo inclusive más allá con actualizaciones y ajustes, evidentemente necesarios ante una crisis incierta como la actual.
Esperemos que el MMM a publicarse en los próximos días, refleje y responda a la realidad y, sobre todo, contenga un detalle y consistencia de políticas que los discursos recientes no traslucen. El Gobierno ha subestimado tremenda y consistentemente el impacto económico y social de la epidemia desde su inicio, calificándolo inicialmente de “limitado” y cuestionando proyecciones multilaterales y privadas de contracción de doble dígito del PBI como pesimistas cuando van a terminar siendo benignas. Por ello, preocupa que cinco meses después el Gobierno afirme que ya estamos en medio de una rápida recuperación, pues refleja que sigue desconociendo la gravedad de la situación, la severidad del daño económico y social ya producido, y los riesgos que el país continúa enfrentando.
Las decisiones del Gobierno en los próximos doce meses tendrán un efecto imperecedero en el bienestar de los peruanos. Pueden mitigar y ayudar a que se empiece a recuperar una parte del daño ya generado, pero también pueden sumirnos en una crisis aún más profunda.
