Lima, tras 487 años: ¿qué retos tenemos para reducir la pobreza?

Este semana se celebró el aniversario de Lima y un buen motivo para referirnos a sus principales problemas: Pobreza urbana, caos del tránsito, inseguridad ciudadana, contaminación ambiental, informalidad, entre otros. En esta ocasión, nos referiremos a la pobreza por su gran impacto en los ciudadanos, que se ha agravado en la pandemia. Urge un sistema de protección social para estas personas.

Desde hace más de cinco años, ya se hablaba de la importancia de implementar una estrategia contra la pobreza urbana en las ciudades del país, pero la pandemia llegó antes y sus consecuencias hicieron que Lima sea la ciudad más golpeada en términos de crecimiento de la pobreza. En el 2020, el nivel de pobreza monetaria en la capital pasó de 14,2% a 27,5%.

Algunos podrían argumentar que el crecimiento abrupto del número de pobres del país (casi el doble entre 2019-2020), es normal ante el cierre de los mercados en la pandemia y que su apertura, traerá consigo su reducción natural. Sin embargo, hace falta mirar cómo estaba Lima antes de la llegada del Covid-19 para entender que los principales desafíos sociales para la capital del país consisten en desarrollar políticas que generen resiliencia frente a choques adversos y cerrar las brechas de desigualdad social aún pendientes. Las crisis pueden seguir llegando, pero si los hogares son vulnerables a padecerlas al punto de disminuir la calidad de sus condiciones de vida, entonces lo que hace falta es un Estado que implemente políticas públicas que evite caídas tan catastróficas como la que hemos tenido. La salida de la pobreza no puede ser exitosa si es que hay un riesgo de regresar a ella ante cualquier eventualidad. Urge entonces desarrollar un sistema de protección social que apunte a estos dos desafíos entendiendo las dinámicas propias del mundo urbano.

Se dice mucho respecto a que el Perú es un país desigual, pero poco se ha reflexionado acerca de Lima, donde se agudizan y afianzan estas desigualdades. El Índice de Desarrollo Humano del 2019 identifica distritos tales como Miraflores o La Molina, que tienen niveles muy altos, similares a países europeos, mientras en la periferia, se encuentran distritos como Pucusana o Villa María del Triunfo, que no alcanzan las condiciones de vida esperados. Los limeños podríamos sentirnos orgullosos de que hemos alcanzado el 96% de acceso a agua potable, pero esta cifra no nos asegura la continuidad del servicio e invisibiliza a ese 4% que son alrededor de 400,000 mil personas.

Hoy el mayor número de pobres y de personas que viven con al menos una necesidad básica insatisfecha están en Lima.

A 30 minutos del distrito de Miraflores, uno puede toparse con barrios que no tienen agua potable ni conexión a internet. Este último, se ha convertido en un servicio relevante para acceder a educación y empleo. La adecuada dotación de servicios públicos es una tarea que puede y debe asegurar la próxima gestión municipal. Sin embargo, para ello, el saneamiento físico legal es un tema de agenda imprescindible que no sólo permitirá a los hogares tener acceso a propiedad privada, sino que acabará con las mafias de tráfico de terrenos que sigue produciendo dolor y muertes.

La estrategia de pobreza urbana que debe asumir la actual y próxima gestión municipal debe tener una mirada multidimensional y un enfoque etario, es decir, debe ser diferenciada en función a las necesidades que existen por grupos de edades. Las políticas de cuidado, por ejemplo, pueden ayudar a fortalecer un desarrollo infantil sano y seguro, pero al mismo tiempo, puede permitir que las madres salgan a trabajar e incrementar los ingresos del hogar. Los jóvenes, especialmente aquellos que no estudian ni trabajan, necesitan de más oportunidades para capacitarse y hacerse atractivos al mercado laboral. Dotar de capacidades técnicas y productivas a los limeños es una tarea que también corresponde al gobierno metropolitano.

Por último, esta ansiada red de protección social que debe dar el Estado ya existe, de manera incipiente e improvisada, pero privada, gracias a la gestión de madres de familia y las ollas comunes. Toca entonces, al municipio institucionalizarlo y aprovecharlo al máximo para entregar políticas resilientes de forma articulada con la ciudadanía. Politizar esta red traería abajo cualquier esfuerzo técnico que se quiera hacer para asegurar la calidad de vida que todos demandamos.