Complicado panorama para la inversión y el crecimiento

La evolución de la inversión del sector público acumulada a febrero de este año evidencia una contracción del 19.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos resultados son preocupantes y deberían llamar a la pronta acción por parte del Estado, dado que habiéndose prácticamente extinguido el efecto del rebote estadístico del año pasado, este año nuestras esperanzas de crecimiento se encuentran concentradas precisamente en el incremento de la inversión pública y privada. Lamentablemente, por el lado de la inversión privada, las proyecciones de crecimiento para el 2022 parten desde el 0% del BCRP hacia abajo. Los factores que afectan negativamente el crecimiento de la inversión privada a estas alturas ya son harto conocidos: el ruido político, la inestabilidad jurídica y la total ausencia de una política creíble de promoción de la inversión privada.

Dado el difícil panorama que enfrenta la inversión privada, le toca a la inversión pública ser el motor del crecimiento para este 2022. La inversión del sector público típicamente se divide entre aquella de los gobiernos subnacionales (regionales y municipales) y la del Gobierno central (en su mayoría ejecutada por los ministerios). En este sentido, este año y el próximo son particularmente complicados para la inversión a nivel de gobiernos subnacionales (que representan el 35% del total de la inversión pública en el presupuesto 2022). Al ser este un año electoral, típicamente las autoridades salientes se enfocan en cerrar proyectos en curso (un efecto negativo de la no reelección), mientras que el próximo año será de ejecución lenta, pues es el primer año de gestión de las nuevas autoridades y estas se dedican a armar equipos, identificar proyectos y capacitarse en el uso de los sistemas y la normativa del MEF.

Entonces queda esperar que el impulso llegue desde el Gobierno central. Lamentablemente, durante los primeros meses de la presente gestión hemos visto cómo puestos claves han sido ocupados por personal con poca preparación y experiencia, lo que afecta la capacidad de gestión de las entidades; asimismo, la evidente falta de liderazgo en el Ejecutivo también es un factor clave en contra para la ejecución y/o destrabe de proyectos.

“Se podría incrementar aún más la eficacia en la ejecución si se tomara la decisión política de encausar a los ministerios para que apliquen el mecanismo de obra por impuestos para los proyectos en sus respectivas carteras”.

Adicionalmente, recordemos que fue denegada al Ejecutivo la delegación de facultades para legislar en materia de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliamente identificada como inadecuada, ineficiente e ineficaz. Para evitar demoras y reprocesos originados por la mencionada ley, en los últimos años se aplicó el mecanismo de Gobierno a Gobierno, el cual viene siendo utilizado en importantes proyectos como el aeropuerto de Chinchero, la Reconstrucción del Norte (ARCC), los hospitales Lorena y Bernales, la Carretera Central y más recientemente el de los colegios Bicentenario, lanzado durante el Gobierno anterior y firmado por el primer ministro de Educación del actual. De hecho, es la ARCC la unidad ejecutora que lidera el avance de la inversión pública en estos primeros meses del 2022. Dada la coyuntura en la que nos encontramos, y la necesidad de impulsar la inversión pública por encima de los obstáculos mencionados, es de suma importancia que la gestión actual priorice y retome el uso de este mecanismo enfocado en obras de gran envergadura ya presupuestadas y con un alto efecto multiplicador en la actividad económica.

Adicionalmente, se podría incrementar aún más la eficacia en la ejecución si se tomara la decisión política de encausar a los ministerios para que apliquen el mecanismo de obra por impuestos para los proyectos en sus respectivas carteras. Obras por impuestos era un instrumento frecuentemente citado por el exministro Francke como una de las principales herramientas para agilizar la inversión publica, pero lo cierto es que a la fecha es empleado casi exclusivamente por gobiernos regionales y municipales, cuyas carteras de proyectos son de menor envergadura en comparación a la de los ministerios.