Frente al fenómeno de El Niño (FEN), el tiempo es determinante para ejecutar intervenciones de prevención, respuesta y rehabilitación. El Decreto de Urgencia Nº 010-2026 introduce un régimen excepcional que permite desarrollar, mediante Obras por Impuestos (OxI), determinadas intervenciones con procedimientos y plazos más breves. La pregunta, sin embargo, no debería ser únicamente cuánto podemos acelerar, sino cómo hacerlo sin debilitar la calidad de la ejecución y el control.
Un primer temor sería que la mayor velocidad derive en intervenciones con insuficiente sustento técnico. Sin embargo, es importante considerar el alcance de la norma. El régimen está dirigido a servicios e Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) de emergencia, es decir, intervenciones específicas –como podría ser la rehabilitación de defensas ribereñas después de un desastre– que no requieren los mismos estudios de preinversión ni el desarrollo técnico de proyectos de inversión de mayor complejidad.
Por ello, el principal desafío no parece estar en sacrificar etapas técnicas indispensables para ganar velocidad. El punto crítico estará, más bien, en la ejecución. Muchas de las entidades llamadas a utilizar este mecanismo pueden tener experiencia limitada en OxI. Para facilitar su aplicación, el MEF ha aprobado documentos estandarizados que abarcan aspectos como la acreditación de recursos, la conformación de comités y la sustentación técnica y legal de las contrataciones. Esto puede reducir la carga administrativa y facilitar los procedimientos, pero ningún formato sustituye la capacidad de gestionar adecuadamente una intervención.
A ello se suma una segunda pregunta: si se activa simultáneamente un número importante de intervenciones, ¿existirá suficiente capacidad en el mercado para atenderlas? En principio, el sector privado cuenta con capacidad para responder a los requerimientos que podrían concentrarse en la costa norte y centro del país. El reto estará en que esa capacidad pueda movilizarse oportunamente allí donde las intervenciones sean más urgentes.
Lo mismo ocurre con la supervisión. El decreto permite que la entidad la asuma directamente con personal propio o recurra a supervisión privada. La simplificación del procedimiento no elimina la necesidad de verificar que las condiciones establecidas se cumplan ni limita el control simultáneo que puede ejercer la Contraloría General de la República.
Desde el sector privado también será necesaria una evaluación responsable. Los procedimientos pueden haberse acortado, pero las responsabilidades no desaparecen: las garantías y penalidades por incumplimiento continúan siendo aplicables.
Ahí está, a mi juicio, la verdadera prueba de este régimen. Acelerar no significa relajar los estándares, sino concentrar la exigencia en aquello que realmente determina el resultado: capacidad de gestión, cumplimiento y supervisión.
Julio Vidal es socio de Infraestructura y Proyectos de Grau.
