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Una disputa entre el Gobierno venezolano y la oposición sobre las pruebas de antígenos para detectar el COVID-19 que fueron enviadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) amenaza con restringir también el acceso a vacunas muy necesarias para un país devastado por la crisis.
Los términos de un excepcional acuerdo firmado en junio pasado entre la Administración del presidente, Nicolás Maduro, y el líder opositor, Juan Guaidó, que permite el uso de fondos en el exterior congelados por las sanciones de Estados Unidos para comprar pruebas de antígenos para su distribución generalizada en hospitales venezolanos no se mantuvieron, según personas con conocimiento directo del asunto.
A su llegada a Venezuela a finales de octubre, el Gobierno tomó el control total de las pruebas y casi no las ha distribuido, dijeron las personas, yendo en contra del acuerdo con la oposición y las directrices de la OPS, el organismo regional de salud.
De las 340,000 pruebas de antígenos que llegaron a Venezuela a finales de octubre, solo se han utilizado alrededor de 3,000, o aproximadamente 1%, según la OPS.
Venezuela está rezagada frente al resto del mundo en la vacunación de sus trabajadores de salud y los más vulnerables. Así, la OPS está negociando alternativas para obtener vacunas a través de un fondo, dado que ya pasó la fecha límite para acceder al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo Ciro Ugarte, director de emergencias de la organización en una conferencia de prensa el 19 de enero.
No obstante, el precedente de las pruebas y las deudas acumuladas con la OPS de cerca de US$ 11 millones hacen que esa opción sea imposible por ahora, dijeron las personas.
El Ministerio Popular para la Comunicación y la Información no respondió a las solicitudes de comentarios.
Puede que Maduro no vea la necesidad de trabajar con la OPS o la OMS para obtener vacunas. Su Gobierno anunció un acuerdo con el Instituto Gamaleya de Rusia para comprar unos 10 millones de dosis de Sputnik-V que se espera lleguen en los primeros tres meses del año. Cuba, un aliado cercano, también hará ensayos de su propia vacuna en Venezuela.
Con solo 121,691 casos y 1,122 muertes por coronavirus, Venezuela, un país de aproximadamente 27 millones de personas, o ha tenido suerte al lograr evitar una mayor propagación debido a su relativo aislamiento y las cuarentenas impuestas por el Gobierno, o no está rastreando e informando con precisión los impactos de la enfermedad.
En el país vecino Colombia, que cuenta con una población de 49 millones de personas, se han registrado casi 2 millones de casos y cerca de 50,000 muertes.
Hasta el 7 de enero, solo se habían realizado aproximadamente 485,000 pruebas PCR desde que se registró el primer caso de coronavirus en marzo, según un documento del Ministerio de Salud visto por Bloomberg.
Esto equivale a una tasa de solo 17 pruebas por cada 1,000 personas, una de las tasas más bajas reportadas en Sudamérica. Bolivia, que también figura en la parte inferior de la lista, ha realizado 37 pruebas por cada 1,000.
A pesar de las afirmaciones del Gobierno de que tiene un programa de pruebas sólido, los informes oficiales y públicos muestran que enero está próximo a ser el mes con el menor número de pruebas desde que se detectó el primer caso en marzo. Al mismo tiempo, los casos diarios están aumentando a los niveles más altos desde octubre.
“El Gobierno no protegió a la población al no hacer las pruebas que hubieran identificado a tiempo los portadores de virus e impedido nuevas infecciones”, dijo Félix Oletta, médico y exministro de Salud.