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Casi la mitad de las democracias del mundo han aplicado algunas restricciones de los derechos básicos “ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias” para afrontar al COVID-19, señaló el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
El informe Estado Global de la Democracia 2020 de esta organización intergubernamental con sede en Estocolmo publicado hoy hace un repaso de cómo ha afectado la pandemia a los derechos humanos y el estado de derecho en el mundo con información actualizada.
Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional, precisa que si bien ha habido restricciones de derechos en un 43% de los estados democráticos (61% mundialmente si se agregan los autoritarios), los casos realmente graves entre los primeros son “pocos”.
Eficacia no está reñida con democracia
Además, la pandemia también ha dejado lecciones positivas, dice este exvicepresidente de Costa Rica y exresponsable de asuntos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien destaca que se ha demostrado que es una “majadería” decir que es más fácil responder a una pandemia desde el autoritarismo.
“Por cada China ha habido una Nueva Zelanda, por cada Singapur, una Finlandia”, subraya Casas-Zamora, como ejemplo de que hay democracias que “han respondido de una manera eficaz a la pandemia sin sacrificar las libertades”.
Entre las restricciones más comunes están las que afectan a la libertad de prensa, justificadas como herramientas para “combatir la desinformación”, dice el secretario general de IDEA Internacional.
“Hay más de 50 países que han introducido legislación que achica la posibilidad de informar normalmente” y de ellos más de 20 son democracias, asegura.
En Argentina, IDEA Internacional denuncia el procesamiento de personas acusadas de desinformar sobre el virus y de “intimidación pública”, delitos castigados con penas de prisión, y la creación una nueva entidad estatal contra la desinformación.
Otro motivo de preocupación son los abusos de los poderes especiales de los que muchos gobiernos se han dotado para combatir la pandemia supuestamente de manera más eficaz.
Casas-Zamora menciona el hecho de que esos poderes de emergencia sean “sumamente prolongados”, como es el caso de Filipinas donde está previsto que estén en vigor durante “año y medio”.
Pandemia aceleró un deterioro ya existente
La pandemia ha “acelerado los procesos de deterioro de la democracia que ya estaban en marcha”, subraya.
También se ha sentido un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas en algunos países contra manifestantes y personas que se oponen a las medidas preventivas de la pandemia, como es el caso de Israel, según el informe.
En El Salvador, menciona el secretario general de IDEA Internacional, las personas que no cumplen con las medidas del estado de emergencia pueden acabar en campos de internación, al igual que en Sri Lanka.
Otro motivo de preocupación es que la emergencia ha facilitado la corrupción, pues en muchos países se han relajado los controles en los procesos de compra de materiales y equipos para combatir al COVID-19.
“Hay una sucesión interminable de escándalos de corrupción por ese motivo en más de 40 países, incluidos varios de América Latina. Uno de ellos es Bolivia”, denuncia Casas-Zamora.
La discriminación de minorías, especialmente de los migrantes, “convertidos en chivos expiatorios” en países en los que se les acusa de “ser los focos del virus”, es otro aspecto de la afectación de los derechos básicos.
La pandemia ha afectado particularmente a las mujeres y en varios aspectos, empezando por el aumento de la violencia de género durante el confinamiento obligatorio, siguiendo porque son mayoría en el personal de salud con más riesgo de contagiarse y terminando porque empleos tradicionalmente femeninos como los trabajos domésticos se han reducido enormemente, señala el experto.
Aunque al principio de la pandemia preocupaba la “dislocación del calendario electoral” y el aplazamiento de algunas elecciones, finalmente eso ha sido menos problemático e incluso la pandemia ha servido para que el mundo aprenda a organizar elecciones más seguras desde el punto de vista sanitario, convirtiendo mecanismos de voto especiales en ordinarios.
“El riesgo es que los gobiernos se acostumbren a la nueva normalidad y no desmantelen las medidas antidemocráticas”, señala en el informe el secretario general de IDEA Internacional.
A juicio de Casas-Zamora, los efectos políticos más serios van a venir de la mano de la crisis económica derivada de la pandemia, que entraña “un reto para la democracia”.
En la crisis financiera del 2008 la “resaca política” llegó cinco o seis años después, pero el mundo de la covid-19 todo se ha acelerado y ahora podría llegar antes.
“Es una historia por escribir”, subraya Casas-Zamora que advierte de que la inestabilidad política puede generalizarse y advierte de problemas como las destituciones presidenciales en Perú.
El informe menciona también acontecimientos positivos que la pandemia, combinada con otros factores, ha traído, como es el surgimiento de procesos de apertura democrática en Bielorrusia, Tailandia y Kirguistán impulsados por las protestas populares.
La otra cara de la moneda, refiere Casas-Zamora, es el caso de Etiopía donde un proceso de apertura quedó truncado por la crisis.
Vacunas, una “prueba de fuego”
Una prueba de fuego de los efectos de la pandemia va a ser la distribución de las vacunas. “Qué tipo de sociedad somos y cada una las desigualdades sociales que tenemos se van a ver de una manera muy clara” en ese proceso, señala.
Casas-Zamora subraya que en América Latina, la zona del mundo más afectada por la pandemia, desgraciadamente puede darse que las vacunas no se distribuyan primero a los más vulnerables sino a los privilegiados, debido a sus estructuras sociales marcadas por la desigualdad.
“Las vacunas dan a la gente la esperanza de volver a la normalidad, pero debemos asegurarnos de que las normas democráticas sean restablecidas y fortalecidas una vez que resurjamos de la pandemia”, destaca el informe.
