The Economist: lecciones de El Salvador para potenciales autócratas en todo el mundo

Desde marzo del año pasado, cuando se impuso el estado de emergencia, Bukele ha encarcelado a más de 71,000 personas, lo que equivale al 7% de los salvadoreños de entre 14 y 29 años. Cualquiera que se sospeche de tener vínculos con una banda criminal puede ser encarcelado de manera indefinida en una prisión abarrotada.

Se necesitan pocas pruebas: basta con un tatuaje que despierte sospechas o una acusación anónima. El gobierno insiste en que los detenidos sí serán juzgados, pero hasta ahora solo han tenido audiencias sumarias ya que en ocasiones cientos de presuntos delincuentes comparecen al mismo tiempo ante un juez. Bukele se enorgullece de su brutalidad y tuitea fotografías de los detenidos esposados, semidesnudos y más apretados que gallinas en batería.

A los liberales indignados no les queda más que reconocer que la mano dura del presidente ha aportado beneficios. El más aclamado es el descenso de la tasa de homicidios, que pasó de 51 por cada 100,000 habitantes el año anterior a la toma de posesión de Bukele en 2019 a 18 en 2021 (antes de que comenzara el estado de emergencia) y a solo 8 el año pasado. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre cuánto mérito atribuirle a Bukele, pero sin duda puede atribuirse algo.

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Lo más importante es que ha cambiado la balanza del miedo en los barrios salvadoreños plagados de extorsiones. Antes, si un gánster exigía dinero a cambio de protección, los civiles pagaban o se arriesgaban a recibir un balazo. Pocos llamaban a la policía, ya que rara vez se sentenciaba a los mafiosos sin el testimonio que casi nadie se atrevía a ofrecer.

Ahora, son los gánsteres los que tienen miedo. Como saben que un chivatazo anónimo puede ponerlos tras las rejas por tiempo indefinido, los que siguen en libertad se esconden y su ausencia ha mejorado la vida de infinidad de personas. Un estudio de 2016 reveló que el costo anual de la violencia de las pandillas en El Salvador ascendía al 16% del PBI. Hoy, los barrios están en calma y los empresarios han recuperado el optimismo para abrir comercios nuevos. De ahí la popularidad de Bukele.

Sin embargo, el que deseche el debido proceso conlleva costos que serán mayores a los beneficios. En primer lugar, se ha encerrado a un número incalculable de inocentes. Sus familias se amontonan fuera de las prisiones, desesperadas por tener noticias de sus seres queridos. (El gobierno ha liberado a 6,000 hasta ahora, pero no parece tener prisa por admitir sus errores).

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Y lo que es más pernicioso, Bukele ha acumulado poderes para allanar el camino a su ofensiva y, luego, ha utilizado eso como excusa para apoderarse de aún más. Ha tenido al país en estado de emergencia durante más de un año. Purgó a los jueces que se le resisten. Está reduciendo el Parlamento y modificando las normas electorales para afianzar la mayoría de su partido.

Intimida a la prensa: una nueva ley establece penas de cárcel de 10 a 15 años para los periodistas que repitan mensajes de pandillas y difundan “ansiedad”. Eso podría referirse a cualquiera que informe con tono crítico sobre la política criminal. Ahora, Bukele promete acabar con la corrupción. Si aplica a los delitos de cuello blanco las mismas reglas de pruebas que aplica a la asociación con mafiosos, dispondrá de una poderosa herramienta para encerrar a los opositores. El Salvador parece cada vez más un Estado policial.

Algunos críticos consideran que su mano dura es insostenible. Los intentos anteriores de aplastar la delincuencia por la fuerza bruta han fracasado en El Salvador y en otros lugares. Los lazos entre bandas se fortalecerán tras las rejas, de modo que los presos desatarán un caos cuando sean puestos en libertad.

Pero, ¿y si no son liberados? La mano dura de Bukele no es como las anteriores. Ha encarcelado a muchas más personas y, al parecer, planea retenerlas hasta que sean ancianas. Esto será costoso, pero escatima en la comida de los presos y pide a las familias que contribuyan. Apuesta a que a los votantes les importan más las calles seguras que nociones abstractas como el Estado de derecho. Si sus adversarios políticos le reprochan que pisotea los derechos humanos de su pueblo, su próximo eslogan electoral será obvio: voten por mí o los pandilleros serán liberados.

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Bukele está a punto de terminar su primer mandato como presidente; su partido dice que volverá a presentarse en febrero. La Constitución prohíbe los mandatos consecutivos, pero Bukele ha ideado una solución similar a la de Putin: nombrará a un presidente provisional durante unos meses y, luego, volverá. La Constitución prohíbe claramente un tercer mandato, pero eso tampoco puede detenerlo. Un funcionario cercano a Bukele declaró a The Economist que “de momento” no hay forma de que se presente a un tercer mandato.

La reputación del autodenominado “dictador más simpático del mundo” se propaga. Los defensores del Estado de derecho lo desprecian; otros estudian su fórmula. Honduras ha declarado el estado de emergencia para luchar contra la delincuencia. El candidato del partido establecido a las elecciones presidenciales de Guatemala del mes que viene promete construir una prisión enorme.

En Ecuador, donde habrá votaciones en agosto, un candidato que viste una chamarra de combate elogia a Bukele; lo mismo hacen algunos republicanos en Estados Unidos. Sus métodos pueden copiarse en cualquier lugar con altos índices de delincuencia e instituciones débiles, desde Sudáfrica hasta Papúa Nueva Guinea. Esto podría llevar a dichos lugares a la autocracia.

Los políticos demócratas de todo el mundo deberían prestar atención. Cuando no se enfrentan a la delincuencia de acuerdo con la ley, con una policía bien financiada y unos tribunales limpios y eficientes, invitan a los demagogos a proceder ilegalmente. En cuanto a los salvadoreños, si vuelven a elegir a Bukele en febrero, como parece probable, él tendrá cinco años más para derribar las protecciones democráticas de su país. Y si un día se cansan de él, es posible que les cueste trabajo removerlo del poder.

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