Nada es permanente, pero en Tierra Santa algunas casi lo son. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) se fundó en 1949 para ayudar a 700,000 refugiados palestinos desplazados por la creación de Israel. Concebido como un arreglo temporal, su mandato se ha renovado cada pocos años desde entonces. Este año cumplirá 75 años, si es que sobrevive.
El mes pasado, Israel alegó que 12 empleados del OOPS participaron en la masacre del 7 de octubre, en la que militantes de Hamás asesinaron a unos 1,200 israelíes. También ha afirmado, sin ofrecer públicamente ninguna prueba, que el 10 por ciento de los 13,000 empleados de la agencia en Gaza son miembros de Hamás. A principios de febrero, el Ejército israelí llevó a unos periodistas a visitar un túnel situado bajo la sede del OOPS en Gaza, la cual, según dijo, albergaba infraestructura militar de Hamás.
Philippe Lazzarini, director de la agencia, dijo que despidió a nueve de los 12 empleados nombrados por Israel (otros dos ya estaban muertos). La agencia negó cualquier conocimiento del túnel. Pero las acusaciones tuvieron un efecto inmediato: algunos de los principales donantes del OOPS, entre ellos Estados Unidos y Alemania, suspendieron rápidamente su financiación.
Hamás ha gobernado Gaza como un Estado pequeño unipartidista desde 2007. Nadie debería sorprenderse si ha metido a sus miembros en la nómina del OOPS o ha escondido armas en sus instalaciones. La ONU reconoce que ambas cosas han ocurrido antes. Los trabajadores humanitarios han recibido amenazas de muerte por investigar estos incidentes. Casi por definición, el trabajo de proporcionar ayuda en lugares difíciles requiere tratar con malos actores: la alternativa es no hacer el trabajo en absoluto.
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Ese parece ser exactamente el objetivo de las últimas acusaciones. Algunos funcionarios israelíes llevan años queriendo cerrar el OOPS, pues lo acusan de contribuir a prolongar el conflicto. Ahora aprovechan el momento para defender su postura. Mientras tanto, para sus partidarios, la agencia es irreprochable, son un grupo de humanitarios desinteresados que realizan una labor vital. Como siempre, la vida es más complicada que un juego de moralidad. La existencia continuada del OOPS es un problema, pero no por las razones que piensan sus detractores.
En todo el mundo, las personas desplazadas son responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Solo los 6 millones de refugiados palestinos diseminados por Medio Oriente cuentan con un cuidador propio. Antes de la guerra, quizá unas pocas decenas de miles eran refugiados en sentido literal: personas obligadas a huir de un conflicto. El resto son sus descendientes, ya hay tres o cuatro generaciones de estos. En otras palabras, la mayoría de los refugiados palestinos no son desplazados.
Este es el núcleo del argumento de Israel contra el OOPS: que su definición de “refugiado” es demasiado amplia, sin paralelo, y alimenta la falsa esperanza de que todos los palestinos regresarán. Ambas partes del argumento son erróneas. Hay otras crisis de larga duración, como la de Afganistán, en la que ACNUR también reconoce a los hijos de refugiados como refugiados.
Si las cifras son más asimétricas en el caso de los palestinos, es porque su desplazamiento se ha prolongado durante mucho tiempo. Es irónico oír a los israelíes argumentar que los palestinos solo se aferran a sus reclamos territoriales gracias a la ONU, cuando su propio proyecto nacional se basa en un apego milenario a esa misma tierra.
Pero también tiene algo de verdad. El ACNUR no solo se ocupa de los refugiados. También tiene el mandato de buscar “soluciones duraderas”, como integrarlos en países de acogida que ofrezcan a los refugiados la ciudadanía. Sin embargo, el OOPS solo puede proporcionar ayuda.
Esto es un problema, pero no es culpa del OOPS. La culpa es de los Estados árabes que se han negado durante décadas a ofrecer la ciudadanía a los palestinos que viven entre ellos. Los 1.7 millones de refugiados registrados en Gaza (o sus antepasados) vivieron bajo el control egipcio durante casi dos décadas, hasta 1967. En lugar de ofrecerles derechos, Egipto los dejó en la miseria.
Siria insiste en que los palestinos gozan de los mismos derechos que los sirios, salvo de la ciudadanía y el sufragio (aunque este último no tiene mucho valor). No obstante, en la práctica sufren discriminaciones, como la prohibición de poseer tierras de labranza. }
La situación es mucho peor en Líbano: los palestinos no pueden tener propiedades, ocupar determinados puestos de trabajo ni acceder a muchos servicios públicos. Jordania es la excepción, aunque el OOPS sigue atendiendo a los 2 millones de refugiados palestinos que viven allí, a pesar de que la mayoría son también ciudadanos jordanos, lo que, en cualquier otro contexto, significaría que ya no son refugiados.
Ahora está en duda si el OOPS podrá seguir prestando esos servicios. Depende principalmente de los países donantes de Occidente. De los US$ 1,200 millones recaudados por el OOPS en 2022, el 44% procedía de la Unión Europea y sus miembros y el 29% de Estados Unidos. La agencia dice que podría cesar sus operaciones a finales de febrero si los donantes no reanudan sus contribuciones.
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Algunos diplomáticos creen que esa advertencia es exagerada. Estados Unidos, el mayor donante del OPPS, ya había enviado 121 millones de dólares desde octubre, alrededor de un tercio de su contribución anual habitual. Debía enviar este mes unos 300.000 dólares, que ahora se suspenden, pero no esperaba enviar más hasta el verano.
Alemania no tenía pagos pendientes. La Unión Europea tenía previsto enviar 82 millones de euros (US$ 88 millones) a principios de marzo, que quizá se retrasen. Sin embargo, si los donantes no ceden pronto, la agencia tendría sin duda que empezar a reducir sus operaciones. Probablemente daría prioridad a Gaza, donde mantiene con vida a 2.2 millones de personas.
Antes de la guerra, más de la mitad de los estudiantes de Gaza, casi 300,000 niños, asistían a las escuelas del OOPS. La mitad de la población (1.2 millones de personas) dependía del OOPS para la atención sanitaria. Una proporción similar recibía ayuda alimentaria. Aparte del gobierno de Hamás, OOPS era el mayor empleador de Gaza, y sus salarios eran vitales para la economía.
En muchos sentidos, el OOPS era el gobierno.
Los funcionarios de Hamás casi lo han admitido en entrevistas en los últimos meses. Dijeron que el papel de Hamás consistía en desarrollar sus capacidades militares, no en cuidar de su pueblo; para eso estaban los bienhechores. Israel también se apoyó en el OPPS para mitigar las consecuencias del bloqueo draconiano que (junto con Egipto) impuso a Gaza. Incluso hoy, mientras Israel intenta abolir el OOPS, este sigue confiando en que la agencia evitará una hambruna masiva en Gaza.
En sus visitas al enclave durante los últimos 15 años, este corresponsal escuchó críticas periódicas a la agencia por parte de las mismas personas a las que servía. “Imagina que tienes cáncer”, dijo un joven, él mismo graduado de una escuela del OOPS, en 2022. “Y tu médico tiene una cura, pero en lugar de eso te da analgésicos”. Ese era el papel del OOPS: preservar el statu quo.
Desde 1949 ese statu quo ha servido a veces a los intereses de las potencias regionales. Los países árabes se ahorraban la atención e integración de los palestinos. Israel mantenía a Gaza aislada sin preocuparse de que implosionara.
Hamás era un gobernante ausente, que dejaba a otro el duro trabajo de la gobernanza y la prestación de servicios. La abolición del OOPS no acabaría con la causa palestina. Simplemente dejaría en claro que, durante casi 80 años, demasiados gobiernos no se han preocupado por el bienestar de los palestinos.
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