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El Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos Orellana, advirtió que la degradación ambiental en Brasil es extremadamente grave y acusó al presidente de ese país, Jair Bolsonaro, de utilizar la pandemia y la guerra en Europa para justificar sus políticas agresivas y dañinas para el futuro del planeta.
En víspera del inicio, este martes, de la primera conferencia de las partes del acuerdo de Escazú, Orellana subrayó que esta regresión es especialmente inquietante porque “no afecta solo a la Amazonía y al territorio de Brasil, sino que por sus implicaciones de cambio climático, (también) a la humanidad entera”.
La situación en Brasil es particularmente grave por las políticas que alientan la invasión de los territorios indígenas en busca de extracción de recursos minerales sin respeto a salvaguardias de protección ambiental: la deforestación, la minería ilegal, el uso del mercurio, todos estos temas son tremendamente preocupantes en Brasil y hablan de esta regresión.
Una situación especialmente dramática “porque Brasil era uno de los países que estaban a la vanguardia en América Latina en la protección constitucional del medio ambiente y de los pueblos indígenas” lamentó Orellana.
“Un segundo elemento está en la ciencia de lo que es la negación del cambio climático y la importancia de la acción climática para afrontar la grave emergencia que vive el planeta”, recalcó el responsable.
Pandemia y guerra como excusa
Orellana, experto en derecho internacional y en el derecho relativo a los derechos humanos y el medio ambiente, denunció, igualmente, la estrategia de desinformación y mentiras orquestada por el presidente brasileño, al que acusó de utilizar la pandemia y la actual invasión rusa de Ucrania como excusa para avanzar en una agenda política articulada en la codicia y la negación de la emergencia climática.
“La administración del presidente Bolsonaro, para intentar justificar medidas regresivas en materia de protección ambiental y en materia de derechos indígenas, argumentaba en su momento que eran necesarias para hacer frente a la pandemia del COVID-19″, afirmó.
“Y ahora vemos que la misma administración intenta justificar la extracción de minerales, la apertura a actividades de hidrocarburos, a la industria hidroeléctrica en territorios indígenas, en violación de los derechos establecidos en la constitución brasileña sobre la base de supuestas falencias en el mercado de fertilizantes”, insistió.
A este respecto, subrayó que “la evidencia científica, sin embargo, indica lo contrario” y advirtió que existe una “campaña de desinformación que buscan justificar esas medidas regresivas con evidencias que no existen”.
