El presidente de Bolivia, Luis Arce, da un discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional con motivo del 196 aniversario de la independencia boliviana, hoy en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/Martin Alipaz)
El presidente de Bolivia, Luis Arce, da un discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional con motivo del 196 aniversario de la independencia boliviana, hoy en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/Martin Alipaz)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, posesionó el lunes al nuevo Alto Mando Militar, el tercero designado en 11 meses de su gobierno, en medio de tensiones internas por el enjuiciamiento de varios exjefes por la crisis política del 2019 que derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

En su discurso Arce atribuyó a la “falta de subordinación y disciplina” el “quiebre del orden constitucional” en noviembre del 2019, cuando la cúpula militar sugirió a Morales renunciar para evitar el desborde de la violencia en medio de un estallido social tras denuncias de fraude en las elecciones en las que el líder político buscaba un cuarto mandato.

Cuando hay subordinación y disciplina en las Fuerzas Armadas la estabilidad del Gobierno legítimamente constituido está garantizado. Cuando faltan, puede reinar el caos y la incertidumbre”, dijo el mandatario, al tiempo en que subrayó que “las Fuerzas Armadas tienen la misión de asegurar la independencia, seguridad y estabilidad del gobierno legítimamente constituido”.

Las Fuerzas Armadas colaborarán con la justicia de acuerdo con las leyes y las normas. La Constitución ha sido quebrantada por acciones personales”, señaló, por su parte, el general de Ejército Augusto García Lara, nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Junto a García asumieron un nuevo jefe de Estado Mayor y un nuevo comandante de la Armada.

Más de medio centenar de políticos opositores, exjefes militares y exmandos policiales están en detención preventiva en la cárcel procesados por su participación en la crisis del 2019 que provocó 37 muertes, veinte de ellos seguidores de Morales en dos masacres perpetradas por las fuerzas del orden cuando la presidenta interina, Jeanine Áñez, asumió el mando del país.

Áñez está detenida en una cárcel desde marzo y afronta cinco juicios con la salud deteriorada, según informes médicos. La oposición acusa al gobierno de “manipular a la justicia” y desatar una “persecución judicial”.

A su vez, Morales ha sido sobreseído de todos los procesos en su contra, entre ellos por fraude electoral. El expresidente se mantiene activo en la política y lidera al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que controla la mayoría del Legislativo.

Hace unos días el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que “la búsqueda de justicia no debe tener color político”.

Los casos judiciales han desatado un clima de tensión política en Bolivia.